El senador UDI Iván Moreira, e integrante de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta, criticó en duros términos el proyecto de ley impulsado por parlamentarios de oposición y que busca conceder un indulto general a las personas detenidas en el contexto del estallido social desde octubre de 2019 a la fecha.
De acuerdo con el legislador, esta iniciativa es “grave, tendenciosa y aún más contradictoria y absolutamente sesgada, porque es un proyecto muy provocador”, argumentó. Además agregó que esto “parte de la premisa de que es el gobierno el que tiene presas a estas personas, lo que es absolutamente falso”.
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Al mismo tiempo, aseguró que “es absolutamente falso que haya gente presa solo por salir a la calle a protestar, eso es una caricatura”, aludiendo a que dentro del procedimiento judicial se realiza una audiencia de control de detención, una investigación encabezada por el Ministerio Público y posteriormente el decreto de una medida cautelar por los Tribunales de Garantía.
Por otra parte, Moreira añadió que “aún en medio del estallido, solo el 4,5% de las detenciones son declaradas ilegales (…). Se dice que hay mucha gente en detención preventiva por delitos menores, pero no es cierto. La prisión preventiva solo cabe para delitos graves“.
Finalmente, enfatizó en que “el proyecto no menciona ni una sola vez a las víctimas de la violencia, porque para ellas no hay absolutamente nada” y que también “deja fuera a las Fuerzas Armadas, Carabineros y PDI”. Por lo tanto, “es un proyecto de ley muy equivocado, es una señal mala para el país y me parece muy importante que este proyecto se rechace en el Senado”, sentenció.
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Cabe señalar que el proyecto fue firmado por las senadoras Isabel Allende (PS), Yasna Provoste (DC) y Adriana Muñoz (PPD), y los senadores Juan Ignacio Latorre (RD) y Alejandro Navarro (PRO); y reconoce tanto los abusos policiales como los actos delictuales que se dieron en el marco de las masivas manifestaciones que cobraron fuerza el 18 de octubre del año pasado.
La moción contempla a quienes estén siendo imputados o condenados por los delitos descritos en más de una decena de artículos del Código Penal, actos que van desde “alzarse a mano armada en contra del gobierno legalmente constituido” o que busquen “cambiar la Constitución del Estado”, hasta quienes hubieren incendiado un lugar con resultado de muerte o atacado a un funcionario policial.
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