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Este miércoles se concretará el postergado vuelo a Venezuela del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.

La autoridad confirmó la noticia y comunicó que viajará junto al director general de la PDI, Sergio Muñoz, con el objetivo de sostener reuniones con el viceministro del Interior y otras autoridades venezolanas para coordinar acciones que fortalezcan la seguridad”. 

“El objetivo es uno solo: seguir trabajando para desarticular las organizaciones criminales de carácter transnacional. Hemos construido y esperamos firmar un acuerdo de colaboración entre ambos países que nos parece muy relevante”, destacó.

El plan permitiría “capacitar y compartir buenas prácticas en materia de investigación criminal, pero sobre todo para compartir información tan indispensable para luchar contra personas que se dedican al crimen organizado en Venezuela o en Chile”.

Monsalve dijo también que el convenio permitirá construir un mecanismo de colaboración para compartir información sobre aquellas personas que “eventualmente podrían ser un riesgo para la seguridad” de ambas naciones. 

Finalmente, recalcó que el hecho de “sostener la reunión presencial y tener el objetivo de firmar un acuerdo formal de colaboración entre ambos países nos parece ya un logro muy importante en materia de seguridad”.

El vuelo fallido de Monsalve y las razones del viaje

Fue en noviembre de 2023 cuando el subsecretario anunció que viajaría hasta Venezuela. Sin embargo, el viaje no se concretó antes debido a la falta de respuesta por parte del Gobierno de Nicolás Maduro ante la visita.

Finalmente, la semana pasada, Monsalve confirmó que tomaría un vuelo a Venezuela para discutir con Maduro la situación de Chile en relación con las organizaciones del crimen organizado que han llegado desde ese país.

La autoridad señaló que la visita a Caracas tenía como objetivo principal conseguir acuerdos que permitan llevar a cabo expulsiones de migrantes desde Chile.

Esto se enmarca en el planteamiento del Ejecutivo en la Ley de Presupuesto, que destina más de $7.200 millones para que el Servicio Nacional de Migraciones pueda financiar dichos procesos.

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