Minvu decide demoler 58 casas de El Olivar en medio de disputa por informes del IDIEM

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo mantiene la decisión de avanzar con la demolición de 58 viviendas del proyecto El Olivar, en Viña del Mar, en medio de una disputa por el alcance de los informes técnicos del IDIEM.

Las casas forman parte de un proyecto habitacional levantado en el sector afectado por el megaincendio de febrero de 2024 y fueron construidas por la empresa San Sebastián, según consignó T13.

El ministro de Vivienda, Iván Poduje, sostuvo que los antecedentes técnicos revisados por la cartera detectaron incumplimientos estructurales y de resistencia al fuego, por lo que descartó entregar viviendas reparadas a las familias damnificadas.

Sin embargo, desde Social Arquitectura, entidad patrocinante ligada al proyecto, cuestionan la interpretación del ministerio y afirman que los informes del IDIEM no recomiendan la demolición como única alternativa, sino que también contemplan la factibilidad de reforzamiento.

¿Qué detectaron los informes del IDIEM?

Los informes del Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación de Estructuras y Materiales, dependiente de la Universidad de Chile, revisaron aspectos estructurales, acústicos y de resistencia al fuego de las viviendas.

Entre sus observaciones, los documentos apuntan a problemas en paneles, techumbres, vigas, losas y otros elementos relevantes del sistema constructivo. También advierten incumplimientos normativos o falta de antecedentes suficientes para verificar el cumplimiento de ciertas exigencias.

En materia de resistencia al fuego, uno de los informes concluye que determinados elementos constructivos no verifican las exigencias establecidas por la normativa vigente para el proyecto.

Respecto del análisis estructural, los documentos identifican insuficiencias asociadas a resistencia y deformaciones. No obstante, el informe también incluye un apartado sobre factibilidad técnica de reforzamiento, con medidas conceptuales para corregir observaciones detectadas.

Poduje, en tanto, ha defendido que el problema no se limita a terminaciones o detalles menores, sino que involucra aspectos centrales de la seguridad de las viviendas.

“El Ministerio de Vivienda no puede entregar casas falladas arregladas”, afirmó la autoridad, según recogió T13 a partir de lo informado por LUN.

El secretario de Estado también apuntó al eventual uso de materiales distintos a los autorizados por entidades técnicas. “Compraron paneles de hormigón certificados y la empresa que los vendió se dio cuenta de que no estaban usando los paneles originales, sino parecidos”, señaló.

Social Arquitectura cuestiona la demolición

La decisión del Minvu abrió un nuevo flanco de tensión en el proceso de reconstrucción de El Olivar. Desde Social Arquitectura sostienen que los antecedentes técnicos no respaldan que la demolición sea la única salida posible.

La abogada de la entidad patrocinante, Erika Maira, afirmó que, tras revisar los informes del IDIEM de abril y del 11 de mayo publicados por el Minvu, “lo que se puede apreciar en su tenor literal es que ninguno de ellos recomienda la demolición”.

Según planteó, los documentos apuntan a una alternativa distinta. “Lo que hacen, tanto en relación al tema de estructura como del fuego, es señalar el reforzamiento, la factibilidad del reforzamiento”, sostuvo.

Maira agregó que, ante observaciones en una obra, el procedimiento regular en contratos de construcción es dar traslado a los contratistas para que puedan subsanar los reparos detectados.

“Lo que corresponde es dar traslado a los contratistas para efectos de que subsanen dichas observaciones, y en el caso de no hacerlo, de ser renuentes a aquello, se pueden multar y terminar los contratos”, explicó.

La representante de Social Arquitectura acusó que en este caso ocurrió “una anomalía total”, ya que, según dijo, el ministro ordenó una paralización inmediata e indefinida de las obras mediante la resolución 245, del 24 de marzo de 2026.

Acusación por supuestos informes inexistentes

La abogada también cuestionó la resolución 3384, del 9 de abril, que —según indicó— impulsó la desvinculación contractual de los beneficiarios del proyecto con la empresa constructora y la entidad patrocinante.

Maira sostuvo que esa resolución alude a informes de inspectores técnicos de obra de la misma fecha, en los que se habrían constatado “graves fallas constructivas”. Sin embargo, aseguró que esos antecedentes no existirían.

“Eso es absolutamente falso, esos informes no existen, y por lo tanto aquí también se ha incurrido en un delito de falsificación ideológica para efectos de poder impulsar el plan del ministro de poder demoler estas viviendas”, afirmó.

La abogada agregó que, a su juicio, tanto la paralización de obras como la demolición son medidas reguladas y que el Minvu se habría apartado de la normativa aplicable.

“Sigue impulsando una demolición que causa alarma pública, que no tiene justificación técnica ni tampoco normativa, ya que la demolición es la última ratio y aquí no nos encontramos en esas condiciones”, sostuvo.

Desde Social Arquitectura también afirmaron que siempre existió disposición de las empresas para subsanar eventuales observaciones en el marco de los contratos suscritos.

“Si así hubiera sido, las casas ya se habrían entregado a una cantidad importante de vecinos que hoy en día ven con impotencia e incertidumbre como son arrastrados por la voluntad política de un ministro”, concluyó Maira.

El Minvu ha defendido la demolición como una medida necesaria por razones de seguridad, mientras que Social Arquitectura sostiene que los antecedentes técnicos permiten explorar alternativas de reforzamiento.