La decisión de decretar prisión preventiva contra Manuel Guerra marcó el eje de las declaraciones del ministro de Justicia, Fernando Rabat, durante este jueves, en medio de la investigación por el Caso Audio.
Guerra, exfiscal Metropolitano Oriente, fue formalizado y puesto bajo la medida cuatelar de prisión preventiva por cohecho agravado, violación de secreto y prevaricación administrativa, cargos que surgen en medio de indagatorias que también alcanzan al abogado y pirncipal imputado en la causa, Luis Hermosilla.
En términos jurídicos, la prevaricación administrativa corresponde a un delito en el que una autoridad o funcionario público emite, de manera consciente, una resolución arbitraria e injusta, contraria a la ley, en el ámbito administrativo. Se trata de una conducta que exige dolo, es decir, la intención deliberada de infringir la normativa vigente.
“Nuestras instituciones funcionan”
El Caso Audios ha puesto bajo escrutinio actuaciones dentro del sistema judicial.
Tras reunirse con el fiscal nacional, Ángel Valencia, Rabat evitó referirse en detalle al caso específico, señalando que el Ejecutivo no ha realizado un monitoreo de la situación por considerar que no le corresponde intervenir en procesos en curso.
Aun así, el secretario de Estado subrayó que lo ocurrido “es una demostración de que nuestras instituciones funcionan, de que los tribunales de Justicia y Fiscalía funcionan”.
Según afirmó, tanto los tribunales como el Ministerio Público están cumpliendo con su rol, lo que —a su juicio— constituye una señal del correcto operar del sistema.
El ministro también puso énfasis en la gravedad de los delitos imputados, calificándolos como intrínsecamente serios, aunque insistió en que toda persona debe contar con garantías de debido proceso mientras se desarrollan las investigaciones.
“Como ministro de Justicia voy a respetar el debido proceso, pero los delitos en sí son muy graves”, puntualizó.
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