El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, se refirió al proyecto que regula la suspensión y el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad para internos con enfermedades crónicas, discapacidad o que tengan una edad mínima de 70 años.
La Sala del Senado aprobó, con 23 votos a favor y 22 en contra, el proyecto de ley; además, estableció un plazo hasta el 16 de marzo para presentar indicaciones a la iniciativa.
“Hoy es un día negro para la democracia, para la protección de los derechos humanos, para la persecución penal en nuestro país, y, lamentablemente, el proyecto que se ha aprobado en general hoy en este Senado es un proyecto que va en contra de lo que ha hecho nuestro país en las últimas décadas en materia de derechos humanos, en contra de lo que ha hecho nuestro país en las últimas décadas en materia de persecución penal. Es contrario a los tratados internacionales en materia de derechos humanos y vuelve a victimizar a los familiares de las miles de personas que fueron víctimas de la dictadura militar”, subrayó.
Asimismo, enfatizó que “pone en grave peligro la seguridad de nuestra sociedad, porque va a permitir que criminales peligrosos, no solo aquellos que han cometido los crímenes más graves que conoce la legislación nacional e internacional, que son los crímenes de lesa humanidad, sino también los crímenes más graves que conoce nuestra legislación nacional, como los delitos de homicidio, parricidio, femicidio, violación y abusos sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes, conmuten su pena y salgan, permaneciendo en prisión domiciliaria”.
Advirtió también que esto podría beneficiar a más de 12 mil criminales peligrosos, como el asesino serial de Alto Hospicio, Julio Pérez.
En la misma línea, agregó que desde el Gobierno no entienden las razones de la Cámara Alta para aprobar la iniciativa: “Va en contra de lo que hemos hecho, no solo en este gobierno, sino también en gobiernos anteriores. Realmente no tiene ningún sentido haberlo aprobado”.
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