Este miércoles el Congreso aprobó la Ley general de indulto, una medida enmarcada en la nueva política penitenciaria del Gobierno que beneficiará a cerca de siete mil reos del país y tiene por objetivo bajar el hacinamiento al interior de las cárceles del país.
El ministro de Justicia, Teodoro Ribera, aclaró que los delitos graves están totalmente fuera de acceder a las garantías que ofrece la iniciativa, mientras que con respecto a los chilenos que se encuentran con penas pendientes y deban sólo alojar en gendarmería, con el funcionamiento de la nueva norma, tendrán que fijar un domicilio y firmar por los próximos tres años.
Ribera agregó que la nueva política permitirá enviar fuera del país a los extranjeros ilegales que hayan cometido delitos y estén cursando sus penas en Chile, además de otorgarle la prohibición de regresar durante los próximos diez años.
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