Este lunes, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, aseguró que “el presidente va a ser uso de la facultad administrativa de revocación” de las pensiones de gracia.
“Las decisiones administrativas respecto a las pensiones de gracia pueden ser revocadas por razones de mérito y conveniencia, en la medida que se busque el bien común. Eso no obsta que la persona a la que se le revoque el beneficio pueda concurrir a la justicia, por eso hay que ser muy precisos en las mociones legislativas que se están votando hoy”, indicó.
Más tarde y en un punto de prensa, el ministro de Justicia, Luis Cordero, sostuvo que la titular del Interior, Carolina Tohá, “ha solicitado la revisión completa de las pensiones que se han revisado y en función de eso, tomar una decisión sobre cuáles se revocarán o cuáles se invalidarán, que esa es otra figura, pero que sea un estándar relativamente verificable por los efectos que tienen no solo aquellas pensiones que están asociadas al estallido, sino que también a otras que podrían verse afectadas”.
“El Ministerio del Interior ya ha señalado que, en opinión de sus equipos legales, es una facultad que puede ser ejercida por quienes han sido otorgadas”, agregó.
Respecto al tiempo de revisión de los antecedentes, el secretario de Estado sostuvo que en las próximas semanas se va a poder tener un panorama general para ejercer esa atribución.
“Lo más relevante es que se despeja la discusión de que si acaso el Ejecutivo considera que existen atribuciones para ejercerla y lo que ha dicho el subsecretario Monsalve es que la opinión del Ejecutivo es que así es”, zanjó.
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