La ministra de Ciencias y Tecnología, Ximena Lincolao, reconoció durante este lunes la existencia de sociedades que no fueron incorporadas en su declaración de patrimonio e intereses y fue en esa línea que planteó que otros ministros podrían haber hecho lo mismo.
Las tres sociedades no declaradas serían Innova Nehuén SpA, Tech Apprenticeships LLC y la Asociación de Propietarios de Potomac.
En el caso de la primera, se trata de una empresa familiar sobre la que la secretaria de Estado aseguró a Fast Check que le pidió a su abogado que “la cerrara (…) entonces, nunca tuvo actividad y creo que ahora sí ya está cerrada”.
No obstante, el medio antes citado constató que el cierre de la empresa tecnológica aún no se ha concretado.
Respecto de Tech Apprenticeships LLC, indicó que esta se encuentra en proceso de cierre temporal y que la Asociación de Propietarios de Potomac es solo “una junta de vecinos”.
También abordó su participación en la empresa “Build Within”, que está ubicada en el paraíso fiscal de Delaware: “El 95% de las tecnologías, compañías de tecnología en Estados Unidos se hacen en Delaware. Y eso es algo muy típico de las compañías de tecnología en Estados Unidos”.
Por último, expresó que solo quiere que todo “sea aclarado, porque a mí me importa mucho mi integridad, porque yo he trabajado mucho por mi carrera”.
“Los otros ministros me dijeron que ellos no habían puesto cosas de ese tipo”
Una de las frases que encendió las alarmas en los partidos de oposición fue cuando reveló que consultó a sus pares en La Moneda sobre sus declaraciones de patrimonio y que le señalaron que no habían incluido información de ese tipo.
“Y pregunté y los otros ministros me dijeron que ellos no habían puesto cosas de ese tipo”, precisó.
Tras la entrevista, la reacción fue inmediata desde la oposición. Los diputados Luis Cuello (PC), Bernardo Salinas (PC), Juan Santana (PS) y Gael Yeomans (FA) anunciaron que enviarán oficios a todos los ministros del Gobierno para verificar que no se haya omitido ningún patrimonio en sus declaraciones.
Incluso, señalaron que podrían recurrir a la Contraloría General de la República (CGR) en caso de detectar un incumplimiento de las normas de transparencia y probidad pública.
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