(EFE/CNN Chile) – La ministra vocera del Gobierno, Camila Vallejo, recalcó este domingo en la necesidad de “encontrar el equilibrio entre la agenda de seguridad y la de Derechos Humanos”, en referencia al polémico proyecto de ley Nain-Retamal que se discute en el Congreso.
El artículo 7 de la normativa dota de defensa legítima privilegiada a personal de Carabineros, una disposición criticada por organismos internacionales como Naciones Unidas (ONU).
Por esto, Vallejo llamó a no legislar “en caliente”. “No queremos gatillo fácil, porque después lo vamos a lamentar”, sostuvo la secretaria de Estado en conversación con Meganoticias.
“Para nosotros, los demócratas, es siempre importante el llamado a equilibrar esta discusión. (…) En nuestro sector de la izquierda es que decimos la agenda de seguridad no es compatible con los Derechos Humanos, y sí es compatible”, señaló Vallejo.
“La misma agenda de seguridad es una agenda de derechos, la seguridad humana es un derecho para las personas y un derecho importante”, enfatizó Vallejo.
Tras su aprobación en la Cámara de Diputados y Diputadas, el Senado prepara el debate de la Ley Nain-Retamal.
El proyecto, que tuvo su origen tras la muerte de dos carabineros, aumenta las penas por delitos en contra de funcionarios policiales y otorga a los efectivos mayores atribuciones para el uso de su arma de servicio.
Sin embargo, el punto más polémico es la legítima defensa privilegiada, un concepto que elimina la idea de proporcionalidad y “que presume” que los agentes harán uso de su arma de fuego acorde a las disposiciones legales.
Reacción de la ONU
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU señaló respecto a las disposiciones del proyecto que “no se ajusta al derecho internacional” y pidió que sea modificada.
“La seguridad es un derecho humano que el Estado debe garantizar y para ello la labor de las policías es fundamental. Pero el objetivo legítimo de fortalecer el combate al crimen no puede abrir espacios a nuevas violaciones de derechos humanos o a la impunidad”, sostuvo el jefe de ONU Derechos Humanos en América del Sur, Jan Jarab.
“En vez de dotar a las policías de herramientas más eficaces para su función, (lo que hace) es reducir la rendición de cuentas, obstaculizando el acceso a la justicia para las víctimas de eventuales abusos y favoreciendo la impunidad“, señaló el organismo a través de un comunicado.
Además, respecto a la legítima defensa privilegiada, la ONU señaló que es una disposición “especialmente problemática en el contexto de protestas, donde el uso de armas letales es altamente riesgoso”.
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