La ministra de Educación, Marcela Cubillos, anunció este lunes que la cartera que dirige adoptará una serie de medidas contra el “adoctrinamiento político” a menores en colegios y jardines infantiles, luego de recibir denuncias al respecto.
En primer lugar, la ministra mencionó que el Mineduc oficiará al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) debido a que el organismo “tiene entre sus atribuciones interponer medidas de protección cuando se vulneran garantías constitucionales”.
En segundo lugar, anunció que desde el ministerio apoyará el proyecto de ley que ya se encuentra en tramitación en el Congreso y “que busca calificar como infracción grave el propagar tendencias políticas y el adoctrinamiento político en las escuelas, y eso va a permitir que cuando este comportamiento se torna grave y reiterado, las sanciones a los colegios incluso puedan llegar a la pérdida de reconocimiento oficial”.
“Hoy día la Constitución es clara: la libertad de enseñanza reconocida oficialmente no puede destinarse a propagar tendencia político-partidista alguna“, afirmó la autoridad.
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“Es una forma de violencia, quizás una violencia menos visible que un overol blanco tirando una molotov, pero ver a niños de jardín infantil repitiendo como si fuera un juego consignas políticas que una educadora les enseña es violento. Como Mineduc tenemos que velar por que las escuelas siempre sean un espacio libre de violencia”, continuó.
Cubillos detalló que las dos medidas anunciadas hoy se suman a otras previas que consistieron en oficiar a la Defensoría de la Niñez y la Superintendencia de Educación para que expliquen qué denuncias han recibido en torno al tema y las medidas que han adoptado.
“Como ministerio nos preocupa especialmente este tipo de violencia que hemos visto el último mes en muchas escuelas de Chile, hecha por quienes tienen que cuidar la inocencia de los niños y la responsabilidad de educarlos”, agregó.
Además, la ministra detalló que su actuar se limita a oficiar a las instituciones encargadas debido a que “el Mineduc no tiene facultades de fiscalización o sanción respecto de materias como la vulneración de derechos de la niñez, ni atribuciones para actuar directamente ante Tribunales de Justicia”.
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