El Ministerio de Justicia anunció que presentarán modificaciones a la Ley de Migraciones y Extranjería, con el objetivo de poder expulsar a extranjeros que cumplan condenas inferiores a cinco años y un día por la ley 20 mil de infracción de drogas.
Desde Iquique, la ministra Marcela Ríos señaló que: “Tenemos en las regiones del norte una situación particularmente seria en materia penitenciaria. En el penal de Alto Hospicio tenemos la concentración más grande de población migrante, y desde que entró en vigencia una modificación a la ley de modificaciones, 12 de febrero de este año, no se podrá aplicar una pena sustitutiva de expulsión para extranjeros que hayan sido condenado por la ley 20.000”.
En esa línea, explicó que esta modificación “nos va a permitir poder volver a aplicar la pena de expulsión para quienes tengan delitos menos graves en esta ley de condena hasta 5 años y 1 día. Solo a los que tengan hasta 5 años y 1 día y que sean primerizos. Además, se les va a imponer una prohibición de ingresar al país por 10 años, en caso de ser descubiertos volviendo van a tener que cumplir la pena efectiva en un recinto”.
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Asimismo, también agregó que este proyecto solo incorpora delitos que están en la ley 20 mil de tráfico de drogas. “Si no hacemos esta modificación vamos a tener un aumento de la población penal, en particular en las regiones del norte. Y Ministerio Público va a tener una carga muchísimo mayor”, señaló.
El diputado Juan Antonio Coloma (UDI), valoró la iniciativa presentada por el Ejecutivo. “Nos parece una buena iniciativa que el Gobierno haya escuchado la propuesta que le hicimos y que la ministra el día de hoy anuncie modificaciones a la ley para permitirle expulsar a todos los extranjeros delincuentes de nuestro país que están cumpliendo penas inferiores a los 5 años”, dijo.
Por su parte, el diputado Renzo Trisotti (UDI), sostuvo que “esperamos que esta vez no ocurra lo mismo que con los titulares que nos planteó la ministra del Interior hace semanas cuando fue a Colchane y planteó que iban a presentar un proyecto de ley para poder acelerar los procesos de expulsión administrativa. Esperamos que el Gobierno para cumplir con este compromiso le ponga suma urgencia, de lo contrario es solamente intervención y no convicción en resolver la grave crisis migratoria que estamos enfrentando en el norte del país”.
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