La Megarreforma avanzó en el Senado, pero no salió ilesa de su paso por la Comisión de Medio Ambiente.
Lo que debía ser una revisión técnica de indicaciones terminó convertido en una escena de tensión política: senadores de oposición abandonaron la sesión, acusaron al Gobierno de cambiar las reglas del debate y dejaron sobre la mesa una nueva advertencia de recurrir al Tribunal Constitucional.
El episodio abrió uno de los primeros flancos sensibles de la discusión en particular del proyecto. Tras ser aprobado en general por la Sala del Senado, el texto entró a la etapa donde las comisiones revisan sus normas específicas y donde cada modificación puede alterar el equilibrio político que el Ejecutivo logró construir para mantener viva la iniciativa.
La Comisión de Medio Ambiente revisó el capítulo ambiental de la Megarreforma, con especial atención en la compensación por anulación de permisos ambientales. Ese punto, que el Gobierno defiende como una señal de certeza para la inversión, fue leído por la oposición como una norma riesgosa, sin suficiente respaldo comparado y con posibles incentivos perversos para el sistema de evaluación ambiental.
La tensión escaló luego de que el Ejecutivo presentara ajustes al texto durante la parte final del debate. Aunque desde el oficialismo se defendió que las indicaciones fueron tramitadas en tiempo y forma, los senadores Ricardo Celis (PPD) y Alfonso de Urresti (PS) acusaron un cambio de condiciones y se retiraron de la sesión antes de las últimas votaciones.
El flanco ambiental de la Megarreforma
La Comisión de Medio Ambiente revisó indicaciones sobre varios puntos del proyecto, entre ellos cambios al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, áreas protegidas, relocalizaciones, ajustes cartográficos y normas relacionadas con Resoluciones de Calificación Ambiental.
Uno de los puntos más sensibles fue la llamada compensación por anulación de permiso ambiental. En simple, la norma busca que el Estado pueda indemnizar a titulares de proyectos que obtuvieron una Resolución de Calificación Ambiental favorable, pero que luego pierden ese permiso por decisión de tribunales u otras instancias superiores.
El argumento del Gobierno apunta a entregar mayores certezas para la inversión. La señal, según esa lógica, sería que un proyecto que avanzó con una autorización estatal no quede completamente expuesto si una decisión posterior revierte ese permiso.
La oposición, sin embargo, ve allí un riesgo distinto. Sus reparos apuntan a que la norma podría operar como una suerte de seguro estatal para privados, sin experiencia internacional comparable y con incentivos que, a juicio de sus críticos, pueden afectar el estándar de los proyectos o endurecer aún más la institucionalidad ambiental.
La indicación que quebró la sesión
El senador Ricardo Celis (PPD), integrante de la Comisión de Medio Ambiente, planteó en conversación con CNN Chile Radio que la fórmula puede abrir incentivos perversos.
El parlamentario advirtió que, por una parte, los titulares podrían presentar proyectos más débiles si saben que existe una eventual indemnización; por otra, la institucionalidad ambiental podría rigidizar sus criterios para evitar eventuales costos posteriores para el Estado.
Ese cuestionamiento se suma al paquete de 22 indicaciones que Celis presentó junto a Alfonso de Urresti (PS) y Diego Ibáñez (FA), destinadas a corregir normas ambientales del proyecto. Las enmiendas apuntan, entre otros aspectos, a la invalidación de RCA, medidas cautelares y protección de áreas protegidas.
La discusión escaló en la parte final de la sesión. El Gobierno ingresó ajustes al texto sobre la indemnización por anulación de RCA, con cambios de conceptos y nuevas precisiones para acotar el alcance de la norma.
Entre las modificaciones discutidas estuvo el reemplazo de la idea de restitución por indemnización y la incorporación del concepto de falta de servicio. Para el Ejecutivo, se trató de adecuaciones dentro del procedimiento legislativo; para la oposición, el movimiento alteró las condiciones del debate a última hora.
De Urresti acusó que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, cambió el texto de la norma cerca de las 23:30 horas “por quinta vez”, en una situación que calificó como reñida con el reglamento de la corporación.
La molestia terminó con el retiro de los senadores de oposición. Celis anunció que abandonaría la instancia junto a De Urresti, al señalar que no compartían el procedimiento utilizado para votar las últimas indicaciones.
De Urresti apunta a Quiroz y reabre el camino al TC
El momento más áspero lo protagonizó De Urresti, quien emplazó directamente al ministro de Hacienda. “Usted va a pasar a la historia como un ministro que no ha sido capaz de generar consenso, seguridades ni confianza”, dijo durante la sesión.
El senador socialista acusó al Ejecutivo de intentar sacar “a la hora nona” una modificación sin consenso y sostuvo que esa conducta no contribuye a la certeza que el Gobierno dice buscar con el proyecto.
“Usted, con esto, está generando incertidumbre, y usted es el ministro de Hacienda de este país”, añadió De Urresti, antes de advertir que la oposición se reserva acciones, “principalmente un requerimiento ante el Tribunal Constitucional”.
La amenaza no aparece aislada. Durante los últimos días, distintos sectores opositores han apuntado al TC por normas del proyecto, tanto en materia tributaria como ambiental. En este capítulo, el foco está en los artículos vinculados al SEIA y a la compensación por RCA anuladas.
Tras el retiro de los senadores opositores, la Comisión de Medio Ambiente continuó su sesión con los tres votos restantes. Las últimas indicaciones fueron aprobadas por 3 votos a favor y ninguno en contra.
El presidente de la comisión, Sergio Gahona, defendió la continuidad de la sesión. El senador explicó que, mientras exista quórum, corresponde seguir con la discusión del proyecto.
Gahona también señaló que durante la jornada se revisaron cerca de 207 indicaciones y que hubo acuerdos en algunas materias, aunque el mayor conflicto se concentró en la restitución o indemnización de gastos ante la anulación judicial de una RCA.
En términos legislativos, el Gobierno logró que el capítulo ambiental superara la comisión. En términos políticos, sin embargo, el avance dejó abierta una grieta más profunda con la oposición justo cuando la Megarreforma entra a sus etapas más sensibles en el Senado.
El proyecto todavía debe seguir su revisión en Trabajo y Hacienda, donde aparecen otros puntos de alta tensión: la rebaja del impuesto corporativo, las compensaciones municipales, el Crédito Tributario al Empleo y la invariabilidad tributaria.
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