Un total de 120.584 familias viven actualmente en 1.428 campamentos a lo largo de Chile, según reveló el Catastro Nacional de Campamentos 2024-2025, elaborado por TECHO-Chile.
Esta cifra constituye el número más alto registrado desde 1996 y representa un aumento del 10,6% respecto a la medición anterior, consolidando una preocupante tendencia al alza que no ha logrado revertirse ni con políticas recientes ni con el paso del tiempo desde eventos como la pandemia o el estallido social.
De acuerdo con el informe, los campamentos son el único componente del déficit habitacional que sigue creciendo de forma sostenida, a diferencia de otras expresiones como el allegamiento, las viviendas irrecuperables o el hacinamiento, que han mostrado una estabilización o reducción.
Uno de los datos más significativos del catastro es que, aunque el 65% de los campamentos tiene un objetivo de solución habitacional definido y el 78% cuenta con estructuras internas organizadas, apenas un 4% tiene hoy un proyecto habitacional colectivo en ejecución, lo que pone en evidencia un desajuste profundo entre la voluntad comunitaria y la capacidad de respuesta del Estado.
Además, más del 35% de las familias lleva al menos 14 años viviendo en campamentos, lo que contradice su propósito inicial como espacios transitorios.
Esta cronificación se agrava con amenazas crecientes de desalojos: 229 campamentos están hoy bajo aviso formal o informal de desalojo, afectando a más de 43.500 familias, muchas de las cuales no cuentan con alternativas habitacionales. Según TECHO, esto no resuelve el déficit, sino que redistribuye y profundiza la precariedad, ya que las familias terminan como allegadas, en otros campamentos o incluso en situación de calle.
El informe también subraya la necesidad de una estrategia interministerial e integral, que no limite la acción estatal al ámbito habitacional, sino que incluya servicios sociales, seguridad y planificación urbana. Actualmente, el 70% de los instrumentos reguladores en comunas con campamentos tienen más de 10 años sin actualización, lo que impide planificar soluciones estructurales.
Frente a este escenario, TECHO-Chile propone ajustar los programas de arriendo, diversificar las soluciones habitacionales, dar continuidad con más fuerza al Plan de Emergencia Habitacional, y repensar el programa de Asentamientos Precarios.
Asimismo, el organismo insiste en la necesidad de incorporar zonas para vivienda social en los Planes Reguladores Comunales, para evitar que más familias caigan en situaciones extremas.
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