En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Red de Acción Carcelaria presentó un informe que profundiza en el perfil y las problemáticas que enfrentan las mujeres privadas de libertad.
Este 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer. En este contexto, la Red de Acción Carcelaria publicó un informe sobre la situación de las mujeres privadas de libertad en Chile, en un escenario donde la población penal femenina ha aumentado. Según su diagnóstico, el reporte evidenció la falta de perspectiva de género en este grupo.
La Red de Acción Carcelaria extrajo datos de Gendarmería de Chile, los cuales indican que en 2024 la población penal femenina alcanzaba aproximadamente 5.048 mujeres, lo que representa un aumento del 37,4 % en los últimos dos años. Según el análisis de la organización, ni la infraestructura ni los programas han aumentado su capacidad.
Antonella Oberti, directora de incidencia de la Red de Acción Carcelaria, afirmó: “El sistema completo está cojo porque no considera la realidad de las mujeres, sus trayectorias de vida, su rol de cuidadoras, las experiencias de victimización ni los problemas de salud mental”.
En esa misma línea, advirtió que este es un problema de justicia social y humanitario que también forma parte de la crisis de seguridad actual. “Si el sistema penitenciario no habilita a las mujeres para reinsertarse como ciudadanas al salir, ¿qué harán? ¿Qué alternativas tienen cuando vuelvan al cuidado de sus hijos e hijas?”, planteó.
La Red de Acción Carcelaria solicitó los datos por vía de transparencia. Dentro del total de la población penal, el 85,4 % de las mujeres privadas de libertad son madres. A nivel nacional, existen 31 unidades materno-infantiles, según consignó Gendarmería el año pasado. En esa fecha, había 70 mujeres embarazadas y 136 con hijos e hijas lactantes.
La legislación chilena permite que aquellas con hijos menores de dos años vivan con ellos en unidades materno-infantiles, espacios separados de la población general. No obstante, el diagnóstico de la organización indica que la infraestructura penitenciaria y los recursos disponibles son insuficientes para garantizar el bienestar de las mujeres y los menores. Asimismo, el acceso a la salud es precario y limitado.
“Se han registrado casos en los que mujeres han dado a luz en las mismas celdas sin asistencia. Por ejemplo, en febrero de 2024, el Comité para la Prevención de la Tortura advirtió que en el CPF San Miguel la enfermería no tenía resolución sanitaria, pese a funcionar como tal, entregar medicamentos y contar con una dotación de personal de salud insuficiente”, consignó el informe.
En este grupo también destacan las mujeres migrantes, quienes representan el 24 % de la población en los establecimientos penitenciarios. El grupo mayoritario proviene de Bolivia (46 %), seguido por mujeres de Venezuela y Colombia, según datos recientes de Gendarmería.
“La situación de las mujeres migrantes es particularmente crítica, ya que muchas enfrentan barreras idiomáticas y la ausencia de redes de apoyo. Esto último es relevante, ya que, mediante los vínculos familiares o sociales, las personas presas se abastecen de insumos básicos como artículos de aseo, medicamentos y abrigo”, subrayó el documento de la Red de Acción Carcelaria.
Según información del Ministerio de Justicia, en 2023 el 47,4 % de las mujeres privadas de libertad estaba condenada por infracción a la Ley de Drogas (Ley 20.000).
En su mayoría, cumplen condena por delitos no violentos. El 40,9 % está en prisión por delitos contra la propiedad, incluyendo robo (28,3 %), robos no violentos (8,4 %) y hurtos (9,2 %).
Respecto al tiempo de condena, el 35 % cumple penas de entre 5 y 10 años, el 20 % tiene condenas de entre 3 y 5 años, y el 17 % está sentenciada a penas de entre 10 y 15 años, según datos de Gendarmería de hace dos años.
El año pasado, Gendarmería reportó que el 51 % de las mujeres privadas de libertad estaba condenada, mientras que el 49 % era imputada y estaba a la espera de juicio.
“Esto contrasta con la situación de los hombres privados de libertad, donde solo el 36 % está imputado y el 64 % cumple condena”, subrayó la organización, remarcando que estos datos deberían generar una alerta en las autoridades e impulsar medidas para revertirla.
“Considerando que la prisión preventiva debería usarse como último recurso, que las mujeres cometen delitos menos violentos que los hombres y que, mayoritariamente, son madres y jefas de hogar, su encierro genera graves consecuencias familiares y sociales”, concluyó.
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La Red de Acción Carcelaria es una fundación que apoya a mujeres privadas de libertad y visibiliza las dañinas consecuencias de la cárcel, con el fin de construir un sistema penitenciario con foco en la reinserción social y que garantice los derechos humanos.
Actualmente, mantienen cuatro líneas de trabajo:
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