Este martes comenzó el juicio oral en contra del exalcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera (exPS), en el Centro de Justicia de Santiago.
Se trata de una causa de alta connotación pública por la gravedad de los delitos que se le imputan: enriquecimiento ilícito, cohecho pasivo y lavado de activos.
La causa se remonta a denuncias formuladas en 2017, aunque los hechos investigados datan del período en que Aguilera ejercía como jefe comunal, entre 2012 y 2016. El exalcalde fue formalizado recién en 2021 y, desde 2022, cumple arresto domiciliario.
Durante los últimos días, se ha denunciado que Aguilera habría vulnerado en reiteradas ocasiones la medida cautelar, obteniendo más de 80 permisos para salir de su domicilio.
Mientras los querellantes cuestionan esta flexibilidad, la defensa descarta irregularidades y asegura que, de haber existido incumplimientos graves, se habría solicitado un cambio en las medidas cautelares.
Desde la Municipalidad de San Ramón, el actual alcalde Gustavo Toro valoró el inicio del juicio, aunque manifestó preocupación por la demora del proceso judicial.
“Llevamos ocho años esperando justicia. Hay plena confianza en las pruebas y el trabajo de la Fiscalía, pero también hay preocupación por una posible prescripción debido al tiempo transcurrido“, comentó.
En efecto, una de las líneas de defensa presentadas por los abogados de Aguilera es precisamente la prescripción de los delitos, argumentando que buena parte de los hechos datan de 2013 y fueron formalizados más de cinco años después. La defensa sostiene que “la mayoría de los hechos de la acusación están prescritos”.
Entre las pruebas presentadas por el Ministerio Público se encuentra la compra de una vivienda de más de 300 millones de pesos, cuyo pie —más de 115 millones— habría sido pagado en efectivo, lo que, según la Fiscalía, no se condice con los ingresos lícitos del exalcalde.
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