El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) valoró el fallo de la Corte Suprema a favor de un cliente que demandó a un taller mecánico automotriz por desmantelar su vehículo cuando contrató un servicio de pintura.
Tras el veredicto del tribunal supremo, el taller “Sociedad Comercial Fernando Silva y Cía. Ltda.” deberá pagar una indemnización de $8,4 millones y una multa fiscal de 10 UTM (alrededor de $700 mil) al afectado.
Según explicó el organismo fiscalizador, fue el 6 de mayo de 2020 cuando el “consumidor contrató un servicio de pintura para su camioneta Ssangyong Actyon Sport a través de su mecánico de confianza”.
Sin embargo, en junio de ese mismo año, el sujeto se contagió de COVID-19 y fue hospitalizado, para luego recuperarse en su domicilio por tres meses. Durante ese período, el taller postergó “reiteradamente la entrega del automóvil bajo distintas excusas”.
Al acudir al lugar, ya recuperado, el consumidor descubrió que “su vehículo había sido completamente desmantelado en un inmueble contiguo”.
Ante los hechos, el afectado presentó una querella y demanda civil contra el taller —acción en la que se hizo parte el Sernac—, la cual fue acogida por el Primer Juzgado de Policía Local de Rancagua en 2023.
La disputa legal contra el taller
No obstante, la empresa apeló y la Corte de Apelaciones de Rancagua anuló la condena inicial, argumentando que el demandante “carecía de legitimación” para demandar. Esto último, debido a que el vehículo estaba inscrito a nombre de otra persona.
Ante esta situación, el Sernac elevó el caso hasta la Corte Suprema, que finalmente ratificó el 12 de junio de 2026 la sentencia original, argumentando que “la protección legal no se limita al dueño registral o contratante formal, sino que se extiende a quien disfruta del servicio como destinatario final”.
Por lo tanto, el taller seguía siendo responsable de brindar un buen servicio y garantizar la seguridad del vehículo, independientemente de quién fuera el titular de este.
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