El pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago tomó conocimiento del informe que elaboró la comisión de ministros del tribunal -nombrada el 15 de julio- junto a los jueces presidentes y administradores de los Juzgados de Garantía de la jurisdicción.
La situación ocurre luego de la liberación irregular de Carlos Alberto Mejía Hernández, uno de los tres sicarios implicados en el crimen del denominado “Rey de Meiggs”.
Por motivos que son investigados por el Ministerio Público, habría emanado una orden judicial que permitió su liberación desde Santiago 1, donde se encontraba cumpliendo prisión preventiva.
De ese modo, en el texto se propone un “nuevo diseño de responsabilidades y pasos a seguir por quienes intervienen en la elaboración y cumplimiento de las resoluciones judiciales que se adoptan en las referidas audiencias, entre ellas, de las medidas y pasos necesarios para su corrección y la forma de su comunicación a Gendarmería“.
Desde el Poder Judicial Indicaron que las medidas a corto plazo responden a la urgencia respecto a la actualización de la capacitación de funcionarios encargados de tramitar resoluciones judiciales y su comunicación a las entidades correspondientes.
A ello se suma la “necesidad de requerir a los intervinientes información fidedigna sobre la identidad de los imputados, destacando la urgencia de que las instituciones que intervienen en el procedimiento destinado a su identificación y privación de libertad cuenten con personal de turno que se desempeñe en forma coetánea a las audiencias de control de detención, haciendo posible un flujo de información de calidad y oportuno, indispensable para el cumplimiento efectivo de las resoluciones que adoptan los citados tribunales”.
En tanto, para medidas a largo plazo, serán evaluadas por una comisión de ministros a cargo del sistema procesal penal. Las conclusiones se presentarán al pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago.
La comisión fue integrada por los ministros (s) Fernando Valderrama, Luis Avilés y Sergio Córdova, quienes tomaron en cuenta el contexto del fenómeno delictual, el cual “requiere de una mejora y perfeccionamiento de las herramientas institucionales para abordar los desafíos que el sistema en su totalidad enfrenta, por lo que sugirió líneas de trabajo para ser implementadas a corto y largo plazo”.
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