La Policía de Investigaciones (PDI) ingresó la noche del martes al edificio de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) en el centro de Santiago.
Esto, como parte de la investigación que busca determinar cómo Osmar Ferrer, presunto sicario de un empresario de Barrio Meiggs, quedó en libertad pese a haber una orden activa de prisión preventiva. La diligencia fue autorizada por el 7° Juzgado de Garantía.
El objetivo de la PDI fue acceder a las comunicaciones entre el Poder Judicial y Gendarmería, esenciales para entender el fallo del sistema que posibilitó la excarcelación de Ferrer, quien permanece prófugo.
Durante el allanamiento, que comenzó alrededor de las 22:00 horas, se incautaron equipos tecnológicos vinculados a la causa, consignó Radio Biobío.
Tras el operativo, el Poder Judicial emitió un comunicado confirmando su colaboración con las autoridades.
La directora interina de la CAPJ, Andreina Olmo, y el jefe de Informática, Mauricio Rodríguez, habrían entregado personalmente los datos requeridos de los servidores, “para contribuir con la investigación que lleva adelante el Ministerio Público”.
La entidad subrayó que la entrega se realizó “tras la exhibición de la orden judicial”, desmintiendo versiones que hablaban de una resistencia inicial.
El Poder Judicial señaló que todos los antecedentes fueron entregados sin objeciones y que su objetivo es “esclarecer los hechos y responsabilidades relativas a la liberación del imputado”.
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