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El Gobierno invocó la Ley de Seguridad del Estado por una carta enviada por comunidades mapuche al presidente Sebastián Piñera en la que advierten que comenzarán una toma de terrenos en la Región de La Araucanía.

La acción formaría parte de un “proceso de restitución de tierras ancestrales, colindantes a nuestras comunidades”, ya que consideran que los terrenos que poseen son insuficientes de acuerdo al crecimiento de la población.

Durante su visita a la provincia de Arauco para reunirse con la familia del fallecido joven Moisés Orellana, el ministro del Interior, Víctor Pérez, condenó la misiva y dijo que nadie puede “anunciar que va a cometer delitos o hechos de violencia. Las tomas son de por sí hechos violentos“.

La querella busca que, en caso de no concretarse las tomas, se persiga a quienes realizaron las amenazas; y en caso de que sí se concreten, se responsabilice a los firmantes de la carta como “autores directos de un hecho que es absolutamente ilegal, arbitrario, ilegítimo y violento”.

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Los terrenos en cuestión estarían emplazados en las comunas de Victoria y Traiguén y estarían destinados a faenas forestales o de trabajo agrícola.

Las comunidades firmantes son Antonio Aniñir, We Juan Maika, Toledo Cheguan Antipi 1 y Meli Foli Wechekeche de Unión Temulemu, de la comuna de Traiguén; y Juan Canuleo Pineleo 2 y Victorio Millán, de Victoria.

La diputada Emilia Nuyado (PS) criticó que es “muy fácil” querellarse por algo que aún no pasa. “Pero no fue así con los camioneros cuando impidieron el tránsito en las rutas y desabastecieron regiones completas”, agregó. 

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