Este 20 de mayo se cumplen dos años desde que comenzó a implementarse la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos, conocida popularmente como “Ley Papito Corazón”.
Promulgada durante el gobierno del presidente Gabriel Boric, la normativa ha permitido ordenar pagos por más de $2,4 billones a través de mecanismos que facultan al Estado a rastrear e intervenir fondos de deudores.
Según cifras oficiales, al mes de mayo de 2025 los tribunales de familia han ordenado el pago de $2.496.135.793.791, lo que equivale a más de 52 campañas de la Teletón y casi el doble de lo registrado hasta octubre del año pasado.
Estos recursos han beneficiado a más de 282 mil familias, mediante dos mecanismos: el especial (desde cuentas bancarias e instrumentos financieros) y el extraordinario (desde fondos previsionales).
Registro de deudores y avance de la ley
Actualmente, hay más de 270 mil personas inscritas en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, el 96% de ellas hombres, lo que afecta a más de 385 mil niños, niñas y adolescentes.
Sin embargo, más de 163 mil deudores han pagado su deuda o alcanzado un acuerdo ante tribunales, lo que representa un 53% del total que ha pasado por el registro.
La ley establece que, ante una deuda de al menos una mensualidad, el tribunal puede ordenar la búsqueda activa de patrimonio, incluyendo cuentas bancarias e instrumentos de inversión.
Si hay tres mensualidades impagas y no existen fondos líquidos, se puede acceder a los fondos de pensiones obligatorios del deudor, con ciertos límites según su edad y proximidad a la jubilación.
Un sistema interconectado
El procedimiento de cobro puede iniciarse a través del módulo “Trámite Fácil” del Poder Judicial, tras lo cual el tribunal investiga el patrimonio del deudor mediante la interconexión con servicios como la CMF y el SII. Si existen fondos, se ordena su retención y pago.
En caso de que haya más de un hijo afectado por el mismo deudor, los montos se prorratean entre las distintas causas.
Actualmente, más de 2.170 instituciones públicas y privadas están enroladas ante el Registro Civil para consultar y emitir certificados vinculados al registro de deudores.
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