La liberación de esos documentos podría entregar antecedentes sobre posibles vínculos con políticos.
La Fiscalía Oriente confirmó que no solicitará la ampliación del secreto en la investigación en el Caso Penta. De este modo, después de seis meses de secreto, las carpetas podrán ser conocidas por las partes involucradas.
En ese escenario, el gobierno reiteró que la investigación debe seguir su curso normal con la independiencia necesaria. El ministro vocero Álvaro Elizalde, sostuvo que “todos los sectores” deben contribuir “para el total esclarecimiento de estos hechos y en caso de que se hayan cometido delito que se determine la responsabilidad correspondientes y que se apliquen las sanciones acorde a la ley”.
En tanto, la Corte de Apelaciones ordenó investigar la legalidad del audio entre el ex gerente de Penta, Hugo Bravo y el controlador del grupo, Carlos Lavín, en donde se vincula a figuras políticas con supuestos aportes irregulares a campañas electorales.
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