Las dudas sobre los procesos de acreditación de los exonerados políticos

La abogada Pamela Pereira explicó que la Contraloría General tiene “una responsabilidad directa” en los procedimientos que determinaban si alguien era o no un exonerado político.

En entrevista con CNN Chile, la abogada Pamela Pereira, profundizó en la polémica sobre el caso de los falsos exonerados que ha generado diversas reacciones políticas y sus repercusiones en los casos de derechos humanos. Pereira explicó que de haber existido denuncias previas, se habrían dado a conocer desde los sectores ligados a los DD.HH. y remarcó que sí le sorprende el caso.

Pereira explicó que la Contraloría General tiene “una responsabilidad directa” en los procedimientos que determinaban si alguien era o no un exonerado político. Además, afirmó que la situación se da cuenta en un escenario en donde los temas ligados a los derechos humanos involucran una demora y una dificultad en su tratamiento a raíz de la falta de voluntad política.

“El exonerado concurría a la oficina y había una tramitación para ver si los antecedentes eran suficientes o no”, explicó Pereira. A partir de ahí, explicó que el tema luego pasaba al INP, que fijaba si se le otorgaba el beneficio y cuál de las dos pensiones serían entregadas, para luego ser derivado a la Contraloría que podía objetar y solicitar nuevos antecedentes.

Si un caso era aceptado, el decreto luego era firmado en la subsecretaria del Interior, siendo parte de “un procedimiento de legalidad y de exhaustivo análisis de antecedentes” cuyos cuestionamientos ahora “llaman la atención”. De ahí que Pereira explicó que deben explicitarse los casos, sin el cuestionamiento y deslegitimación de los casos de personas que fueron afectados en materia de derechos humanos. “Buscan deslegitimar y descalificar una realidad que fue perversa”, remarcó.