Piden reconsiderar la medida de expulsión que se mantiene pendiente tras una toma en 2013.
Tras más de seis meses de investigación, finalmente la Universidad Central acogió la recomendación de la Fiscalía y no perseveró en la querella en contra de los responsables de la toma de la institución, ocurrida en 2013 y que dejó daños por 270 millones de pesos. Un acción por la que la casa de estudios expulsó a 37 estudiantes que fueron detenidos.
La mayoría de los estudiantes optó por buscar otra casa de estudios, una decena fueron reincorporados de manera condicional, mientras que nueve pudieron volver a clases por una orden de no innovar, a la espera de que la Justicia resuelva el recurso de protección presentado por los alumnos.
Una causa que sigue abierta y que en dos semanas tendrá una nueva jornada de alegatos, donde podría definirse el futuro de los estudiantes cuya expulsión sigue pendiente tras participar de la toma de la universidad.
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