Karina Oliva, ex candidata a la Gobernación de la Región Metropolitana y al Senado, renunció a su derecho a guardar silencio y declaró ante la Fiscalía Sur en calidad de imputada por fraude de subvenciones.
La investigación penal contra la ex militante de Comunes, partido del Frente Amplio, se enmarca en las facturas objetadas por el Servicio Electoral (Servel) por asesorías y boletas de honorarios abultadas en su rendición de gastos de campaña.
Las facturas objetadas suman más de $68 millones y habrían financiado campañas de distintos candidatos frenteamplistas al Congreso (Emilia Schneider, Camila Rojas, Ana María Gazmuri, Tomás Hirsch) y a la Convención Constitucional (René Naranjo, Camila Musante, Marcela Cubillos -Acción Humanista-).
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