“Quienes promueven esta denuncia en mi contra son quienes recibieron financiamiento irregular en sus campañas”. De esta forma, la ex candidata para la Gobernación de la Región Metropolitana y al Senado de Comunes, Karina Oliva, acusó haber sido víctima de un “montaje” y “ajuste de cuentas” por parte de las diputadas del partido oficialista Claudia Mix y Carolina Rojas.
De acuerdo con la declaración que dio al Tribunal Supremo de la colectividad, Oliva sostuvo que hubo “una condena anticipada de parte de este tribunal, que quitó mis derechos militantes, imputándome cargos que no ha podido demostrar su veracidad, ni tiene pruebas fehacientes e indubitativas de lo que han señalado”.
Además, agrega que la propia sentencia del órgano es “a todas luces calumniosa e incongruente con el reporteo que motivó la denuncia inicial”, consigna La Tercera.
“Ha existido una deliberada acción por dañar la dirigencia política que hemos construido, hecho que no logro comprender, ni el móvil de dicha acción”, sostienen en otro punto. “Es profundamente lamentable que un partido actúe de manera arbitraria y dictatorial como lo ha hecho Comunes los últimos meses, porque evidencia el deterioro democrático que sufre el partido, dando cabida a operaciones políticas inaceptables (…) solo han contribuido a desarraigar la construcción de carácter popular que ha identificado al partido desde su origen”, continúa.
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Oliva también sostiene que “todos los hechos que se me imputan son falsos” y que la situación responde únicamente a una “operación política’ liderada por las dos diputadas que ingresaron la denuncia ante este tribunal, la ex secretaria general de Comunes que es parte del sector político de la diputada Camila Rojas quienes a su vez pertenecen al grupo que en 2016 expulsó, a través de los medios de comunicación, al recién electo presidente de la República; y que hoy operan de manera similar contra mi persona. Como puede concluirse, esta es una práctica asentada en un sector de nuestro partido, que no por minoritario, es menos dañino”.
En ese sentido, la ex candidata afirma que “esta ‘operación política’ de las diputadas Mix y Rojas se confirma a la luz del desarrollo arbitrario y carente de garantías del procedimiento en mi contra que ha debido ser llevado a cabo por este Tribunal, el cual a pesar de tener en su composición a funcionarios o trabajadores en relación de subordinación y dependencia de ambas diputadas, no se han inhabilitado para juzgar una causa frente a la cual tienen interés directo o, al menos, una dependencia económica y contractual con sus promotoras”.
Además, la licenciada en ciencias políticas asegura que “quienes promueven esta denuncia en mi contra son quienes recibieron financiamiento irregular en sus campañas”. También hace mención -según el medio citado- que la situación fue puesta en conocimiento del Tribunal, pero que estos habrían desatendido el caso.
“Más aún cuando es de público conocimiento que una de las diputadas denunciantes, que tiene bajo subordinación y dependencia a una de las integrantes de este Tribunal, realiza pagos indebidos a un familiar directo bajo un contrato irregular, con el porcentaje de la dieta que dice donar según el compromiso que todos los parlamentarios del Frente Amplio han suscrito. Todo lo anterior en abierta contravención y vulneración ética y que, no obstante, ha sido pasado por alto por este órgano que en teoría debiese ser imparcial, pero en la práctica ha actuado como herramienta política del sector ya mencionado”, dice Oliva.
En el documento, también dice que el Tribunal debe reconsiderar antecedentes, ya que la única prueba que fue presentada por Rojas habría entregado información falta, sin pruebas y “omitiendo interesadamente que fue ella quien me solicitó incluir, en mi rendición de segunda vuelta al gobierno regional en su calidad de secretaria general del partido, facturas que no correspondan a mi campaña, sino que a la de un candidato a las primarias del 18 de julio del año 2021, a lo que me negué tajantemente. Esto último también deliberadamente omitido por ella, quién fue también la persona que aprobó los aportes indebidos de las dos candidatas a la reelección parlamentaria que ingresaron la denuncia”.
Finalmente, Oliva reflexiona y sostiene que está “atenta contra todo debido proceso y demás garantías constitucionales, inculpar a una persona inocente para obtener réditos políticos. Nuestro país merece verdad, justicia y transparencia, no operaciones políticas, montajes, ni ajustes de cuentas, porque fue en contra de todo eso que muchas personas trabajamos con la esperanza de construir una coalición política diferente, alejada de las viejas prácticas que hoy reproducen quienes conducen actualmente el partido”.
“Estoy más convencida que nunca, tal como dijo Gabriel Boric el día 18 de noviembre, que no debe haber defensas corporativas: nuestro país merece honestidad”, concluye.
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