Juzgado ordena al Estado pagar indemnización a la Parroquia de la Asunción tras ser saqueada e incendiada en dos ocasiones

Este martes, el 22° Juzgado Civil de Santiago condenó al fisco a pagar una indemnización de perjuicios a la administración de la parroquia de la Asunción, la cual fue saqueada durante el estallido social de octubre de 2019 y posteriormente incendiada al año siguiente. El monto asciende a 76.754,82 Unidades de Fomento, equivalentes a $3 mil millones.

¿Qué dice el fallo?

La magistrada Lorena Cajas Villarroel argumentó que existió una falta de servicio por parte del Estado, al no contar con medidas de prevención y protección para un templo patrimonial.

Según publicó La Tercera, Villarroel afirmó que era labor de Carabineros proteger la conservación del inmueble debido a su carácter histórico y los valores culturales que representa, y que, dado el contexto en el que la institución policial enfrentó complicaciones, ya sea por “la escasez o agotamiento de sus funcionarios en servicio, o por la falta de implementos necesarios para repeler la violencia, la estrategia de protección debió estar a cargo de actores que estuvieran realmente calificados para hacer frente a tales situaciones”.

En esa misma línea, planteó que, a pesar de que se dictaron medidas como el estado de excepción constitucional, la presentación de una querella contra quienes resultaran responsables del siniestro en la Parroquia de la Asunción y el despliegue de contingente policial, “dichas medidas no fueron suficientes para que el deber de precaver los daños sufridos operara eficientemente, no pudiendo excusarse la falta de eficacia en la función pública por la falta de recursos humanos o técnicos, o por las especiales circunstancias a las que se enfrentaron”, consignó en el fallo.

Además, determinó que “el actuar del Estado fue deficiente para dar protección a la Parroquia de la Asunción y para adoptar las medidas necesarias tendientes a prevenir las circunstancias que dieron origen tanto al saqueo como al incendio de esta, y, en consecuencia, es posible afirmar que existió una falta de servicio del Estado en su labor de garante de la seguridad y el orden público”.