La mañana de este viernes el 7º Juzgado de Garantía revocó la prisión preventiva para 12 imputados por desórdenes públicos y que han sido vinculados a la denominada “primera línea”.
La jueza Tatiana Escobar modificó la medida cautelar para los individuos, quienes quedaron con firma mensual.
Se trata de los mismos imputados que el juez Daniel Urrutia había dejado en arresto domiciliario total debido a la pandemia del COVID-19, decisión que luego fue revocada por la Corte de Apelaciones de Santiago.
El tribunal de alzada además abrió un sumario en su contra y la suspensión de sus funciones.
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La jueza Escobar, en tanto, apuntó a la proporcionalidad de la pena y aludió a que quienes están formalizados por el delito de desórdenes públicos se exponen a una pena que en ningún caso será efectiva. En la sentencia no invocó la alerta sanitaria.
Los 12 individuos son parte de las 62 personas detenidas por Carabineros durante las manifestaciones en Plaza Italia el 3 de marzo pasado.
La Fiscalía Centro Norte formalizó a 44 de ellos y 16 eran menores de edad por lo que quedaron en libertad. Los 28 restantes en primer término habían quedado con firma bimensual sin embargo, dicha sentencia fue apelada.
El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, se refirió a la decisión y manifestó que “no compartimos la resolución del 7º Juzgado de Garantía de Santiago”.
“Nuestro rol como Ministerio del Interior es resguardar y proteger los derechos de los ciudadanos, en particular de aquellos vecinos que vieron afectadas sus vidas como consecuencia de estos hechos”, afirmó.
De este modo, anunció que “apelaremos a la resolución, solicitando mantener una medida cautelar gravosa como el arresto domiciliario total en el contexto de la pandemia que vive hoy día nuestro país”.
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