Gobierno aseguró que la normativa se aplica a los mails privados de los funcionarios públicos.
De preocupante han calificado algunos sectores de oposición el decreto que fue publicado el pasado 27 de febrero en el Diario Oficial y que establece que los funcionarios públicos puedan borrar los correos electrónicos.
En cuanto a la polémica producida por esta normativa que permite borrar mails, el presidente del Consejo de la Transparencia, Jorge Jaraquemada manifestó que “el efecto del decreto lo que hace es derogar una norma que obliga a los órganos del estado mantener un repositorio de los correos electrónicos durante seis años”.
Respecto lo que se ha señalado sobre este decreto, Jaraquemada aclaró que “los funcionarios siempre han podido borrar correos, porque la obligación que esta establecida por ese decreto del 2004 pesa sobre el órgano no por los funcionarios”.
A favor de la transparencia “lo que prima acá es el principio constitucional de publicidad de los actos y decisiones administrativas, por lo tanto toda autoridad o organización esta obligado con o sin decreto a mantener toda la información pública disponible para que los ciudadanos tengan acceso”. puntualizó Joge Jaraquemada.
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