El senador de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Javier Macaya, presidente de la Comisión de Hacienda, se refirió a la eventual disminución de los recursos destinados a la denominada “Ley Cholito”, en el marco de la discusión de la Ley de Presupuesto 2027.
El Programa de Tenencia Responsable de Animales de Compañía (PTRAC), dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), tendrá una disminución del 86%, pasando de $3.634 millones a $514 millones.
Cabe mencionar que la Subdere deriva estos recursos a los municipios para realizar esterilizaciones, vacunaciones, implantación de microchips, atención veterinaria y labores de educación.
“Me parece que es algo que tiene una sensibilidad social muy relevante. Me gustaría que pudiéramos revisar en métricas cuánto ha sido la colocación de microchip, cuánto ha sido la posibilidad que se ha tenido de esterilización. Creo que son programas que perfectamente se pueden medir y, eventualmente, si no continúan igual, corregirlo y hacer una oferta distinta respecto a esta sensibilidad, que es muy importante, que es la protección de los animales. No solamente los animales domésticos”, afirmó.
Asimismo, destacó que ese programa tiene un impacto significativo en lo que significa el ataque de perros asilvestrados en las zonas rurales, “problemática que podría eventualmente también tener una solución con la tecnología y con la posibilidad de adecuar correctamente este programa”.
¿Qué dice la Subdere?
Sobre este tema, la Subdere aclaró a The Clinic que “la inversión no se detiene”, puesto que actualmente existen $3.000 millones en proyectos en ejecución que funcionarán en las comunas durante el próximo año.
“Lo que estamos haciendo es algo que el programa necesitaba hace tiempo. En diez años nunca se ha evaluado y no hay un indicador de impacto real que nos permita saber si estamos reduciendo el abandono, las jaurías o las mordeduras. Eso no es justo ni para las familias ni para los agricultores que sufren ataques a su ganado”, explicó.
Detalló que durante el próximo año se realizarán pilotos de focalización y un estudio de impacto, además de incluir en el proceso a los municipios, al Congreso y a las organizaciones.
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