Javier Couso y Arturo Fontaine piden retirar reforma constitucional y advierten riesgo de una “dictadura constitucional”

El abogado constitucionalista y académico de la Universidad Diego Portales (UDP) y Universidad de Utrecht, Javier Couso, junto al escritor y docente de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI) y la Universidad de Chile, Arturo Fontaine, solicitaron al Ejecutivo retirar el proyecto de reforma constitucional ingresado al Congreso, calificando la iniciativa como “manifiestamente iliberal” y acusando que representa “un paso en una dirección populista-autoritaria”.

Los académicos, en una carta enviada a El Mercurio, cuestionaron en detalle las atribuciones extraordinarias que la propuesta otorga al Ejecutivo mediante un nuevo régimen de excepción constitucional que permitiría regir hasta por 240 días sin autorización previa del Parlamento. Según advirtieron, esta disposición faculta a “suspender o restringir la libertad personal, de locomoción, de reunión, de asociación, interceptar comunicaciones privadas y requisar bienes de particulares”, lo que sumado a potestades de arresto y prohibición de desplazamiento reintroduce de facto el exilio y abre la puerta a que un mandatario gobierne suprimiendo garantías a opositores y medios, configurando “la posibilidad de que mañana un Presidente instaurara una **’dictadura constitucional’**”.

Asimismo, Couso y Fontaine alertaron sobre la alteración al principio de separación de poderes, al atribuir facultades judiciales tanto a La Moneda como al Senado para confeccionar registros de agrupaciones ilícitas. “El proyecto da al Presidente y al Senado facultades judiciales. Los políticos podrán definir un registro de organizaciones criminales y terroristas. Es un paso propio de gobiernos iliberales: borronear la separación de poderes”, sostuvieron, advirtiendo que este tipo de mecanismos termina concentrando el poder legal en desmedro del control institucional.

En materia de orden público, los autores abordaron el despliegue de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) en labores policiales, definiéndolo como “una solución parche” que distorsiona las funciones castrenses. “Nuestras FF.AA. no están entrenadas para labores policiales, por lo que es un riesgo para la población y para ellos mismos”, recalcaron, asegurando que la respuesta a la crisis delictual pasa por “aumentar la dotación policial y mejorar su entrenamiento y tecnología” con inyección directa de recursos fiscales, y no por reformas estructurales al texto constitucional.

Finalmente, los académicos instaron al Gobierno a frenar la tramitación legislativa y descartaron la viabilidad de modificaciones parciales durante el debate parlamentario. “Si los cambios al proyecto son cosméticos, la amenaza del autoritarismo legal sigue en pie. Si diluyen el proyecto, no tiene sentido mantenerlo. Si solo se busca dar la sensación de seguridad, ¿no sería demagogia constitucional?”, plantearon, concluyendo que “lo más honesto y valiente sería que el Presidente retirara con humildad el proyecto, diera vuelta la hoja, e invirtiera en seguridad”.