En la mañana de este miércoles, la presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, entregó un informe ante la Contraloría General de la República (CGR) para solicitar que se investiguen presuntas irregularidades en el uso de fondos del municipio, correspondientes a la la Subvención Escolar Preferencial (SEP).
En el documento entregado se cuestiona el uso y rendición de más de 3 mil millones de pesos de parte de la municipalidad liderada por Daniel Jadue (PC), que originalmente estaban destinados a alumnos vulnerables, pero que no fueron rendidos correctamente según un informe de la Superintendencia de Educación.
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En este texto, la senadora además cuestionó el rol de Contraloría, acusando que “no ha tenido el rigor suficiente para investigar a una municipalidad comunista”.
Ante esta situación, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, salió al paso de las acusaciones y explicó en entrevista con BioBioChile que parte de la situación, específicamente 650 millones, “son del periodo de la UDI y como quedaban sin poder rendirse -porque no lo permitía el indemnizado-, iba quedando un bolsón que año a año, hasta que no se resolviera, se fue incrementando”.
“Eso hoy día está en un proceso regular de rectificación de Arica a Punta Arenas, y esto debería saberlo la senadora porque ella aprobó la ley“, agregó el edil, quien sostiene que la acción impulsada por van Rysselberghe “es un punto político para denostarnos a nosotros porque están en problemas. Son el partido más corrupto de Chile”.
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Por su parte, el contralor Jorge Bermúdez, remarcó la imparcialidad que posee la institución: “Hay plena confianza y el trabajo que se hace, se hace de una manera apolítica. El valor que tiene la Contraloría es su autonomía respecto a los colores políticos, y si hay una denuncia que nos está haciendo un parlamentario nosotros la tenemos que tomar con la mayor seriedad, investigarla y ver cuáles son los hechos que está denunciando en la municipalidad que sea”.
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