Este miércoles, el Senado postergó la votación de la ley corta de Isapres, la cual se reanudará el próximo lunes.
La decisión se tomó luego de que el proyecto fuera despachado por la Comisión de Hacienda.
“La sesión se va a concentrar solo en tabla hasta las 20:00 horas para que no haya ninguna duda. Si antes de las 20:00 horas se puede votar, se vota, si no, se vota el día lunes”, detalló el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI).
El proyecto tiene como objetivo principal dar cumplimiento a un fallo de la Corte Suprema, que obliga a las Isapres a aplicar la tabla única de factores de riesgo y restituir los cobros en exceso. Además, busca fortalecer Fonasa y otorgar nuevas facultades a la Superintendencia de Salud.
Esta medida también establece que los planes superen el 7% y las Isapres deberán presentar un plan de devolución a los afiliados en un plazo de 10 años.
La ministra de Salud, Ximena Aguilera, destacó que el proyecto busca proporcionar certezas a las personas con la Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC), así como a los prestadores de salud y a las propias aseguradoras.
Aguilera también señaló que el objetivo no es acabar con la industria, sino cumplir con las sentencias y asegurar el derecho a la salud.
Sin embargo, el senador Rojo Edwards expresó sus reservas sobre la propuesta, calificando los fallos de la Corte como ilegales y considerando que esto llevará a una quiebra programada de las Isapres.
“Estamos frente a un impuesto al trabajo encubierto (…) El informe financiero es gasto cero porque se admite que Fonasa no cubrirá los tratamientos de los enfermos que llegan de las Isapres“, enfatizó el parlamentario.
En tanto, el senador y miembro de la Comisión de Salud, Juan Ignacio Latorre, aseguró que la iniciativa “es un primer paso y espero que en nuestro país lleguemos, en un horizonte de tiempo razonable, al escenario donde no existan las discriminaciones odiosas, la segregación por capacidad de pago de las personas y donde la salud no sea vista como un negocio, sino como un derecho social”.
La Superintendencia de Salud estima que el monto a devolver por las aseguradoras asciende a más de US$ 1.100 millones, lo que genera preocupación en el sector debido al impacto que podría tener en su equilibrio financiero.
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