El Gobierno informó nuevos hallazgos en el marco del plan Inspección Total al Estado, entre ellos más de $1,4 billones en transferencias a fundaciones que no cuentan con rendición acreditada.
De acuerdo con el reporte entregado este miércoles, en su cuarta sesión el Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal instruyó cuatro nuevas investigaciones en los ministerios del Deporte, Energía, Agricultura y Salud, tras detectar antecedentes que requieren una revisión más profunda y una eventual determinación de responsabilidades.
En el Ministerio del Deporte, la investigación se centrará en el Instituto Nacional de Deportes, en materias vinculadas a la administración, transferencia y rendición de recursos públicos.
En el Ministerio de Energía, la revisión apuntará a la Agencia de Sostenibilidad Energética, con foco en transferencias, rendiciones, contrataciones, ejecución de programas y cumplimiento de objetivos financiados con recursos públicos.
En Agricultura, el comité instruyó investigar transferencias de recursos a organismos ejecutores, además de rendiciones, regularidad de compras y contrataciones, y cumplimiento de objetivos y obligaciones.
En Salud, en tanto, se solicitó investigar compras y contrataciones en subsecretarías, servicios dependientes y entidades ejecutoras.
“Estamos avanzando en cada sesión, no solo en la detección de alertas, sino también en adoptar decisiones concretas. Cuando vemos antecedentes que requieren revisión más profunda, instruimos investigaciones, porque nuestro compromiso es proteger los recursos públicos y fortalecer los mecanismos de control del Estado”, dijo la subsecretaria de la Segpres y presidenta del comité, Constanza Castillo.
Más de $1,4 billones en transferencias a fundaciones sin rendición acreditada
Según el informe de Inspección Total al Estado, entre 2022 y 2026 se identificaron más de $5,4 billones transferidos a fundaciones que debieron ser objeto de rendición. De ese total, más de $1,4 billones no acreditan su rendición.
Los servicios con mayor proporción no rendida son el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), el Servicio de Protección de la Niñez y la Subsecretaría de Agricultura.
El documento también señala que, durante el mismo período, se crearon 177 fundaciones que recibieron más de $11 mil millones sujetos a rendición. De ese total, más de $6.500 millones, cerca del 60%, no cuentan con rendición acreditada.
Además, 79 de esas 177 nuevas fundaciones que recibieron fondos públicos no tienen registro alguno de rendición.
“Cuando el Estado transfiere recursos a una fundación, no termina ahí su responsabilidad. La obligación pública continúa hasta que esos recursos estén correctamente ejecutados, respaldados y rendidos”, sostuvo Castillo.
La autoridad agregó que el Estado debe revisar caso a caso si hubo falta de presentación, rechazo de rendiciones, incumplimientos de convenios, debilidades del servicio que transfirió o situaciones que deban ser derivadas a otras instituciones.
Alertan uso intensivo del trato directo en compras públicas
El reporte también abordó hallazgos en compras públicas. Según el Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal, se detectó un uso intensivo del trato directo en distintos organismos del Estado, con servicios donde más de la mitad de las compras se realizaron sin licitación pública.
Entre los principales casos mencionados figuran el Centro de Información de Recursos Naturales, el Servicio de Salud Sur y la Subsecretaría de Derechos Humanos.
El análisis también advirtió un aumento en el uso de causales para justificar compras por trato directo, especialmente “proveedor único”, “confianza y seguridad” y “emergencia”.
Respecto de esta última causal, el comité sostuvo que su uso supera en 17% lo registrado durante el período de la pandemia del COVID-19, lo que, según el organismo, obliga a revisar los antecedentes y verificar el buen uso de los recursos públicos.
Junaeb, Transportes, Ciencia y Mujer: avances de investigaciones previas
El comité también revisó avances de investigaciones previas. En el caso de Junaeb, los antecedentes por más de $14 mil millones pagados en raciones de alimentos no entregadas ya fueron denunciados al Ministerio Público.
En el Ministerio de Transportes, el Gobierno informó que se ha regularizado más del 80% de los $30 mil millones heredados sin respaldo administrativo suficiente, con pagos a proveedores y normalización de servicios de transporte a nivel regional y nacional.
En el Ministerio de Ciencia, por los más de $100 mil millones asociados a incumplimientos en el programa Becas Chile y otras transferencias, se solicitó a la Contraloría General de la República realizar una auditoría y se instruyó una auditoría interna.
En el Ministerio de la Mujer, en tanto, el Ejecutivo informó que nuevas alertas hicieron necesario ampliar el alcance de la investigación.
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