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Controversia ha causado una iniciativa de norma ingresada a la Convención Constitucional, que busca otorgar una amnistía a personas que resultaron presas bajo el contexto del estallido social, así como en otros episodios similares desde 1990 y hasta después del plebiscito de salida de la nueva Constitución.
La moción fue presentada el pasado 27 de enero ante la comisión de de Derechos fundamentales, por las y los convencionales, Ivanna Olivares, Dayanna González, Manuela Royo, Constanza San Juan, Eric Chinga, Francisco Caamaño, Elsa Labraña, Lisette Vergara y Camila Zárate.
El texto especifica que la eventual deliberación debe considerar como “presos políticos” a “quienes hayan cometido delitos con inspiración política y que sean reprimidos por agentes del estado”, considerando una “participación, en cualquiera de sus grados, en actos de connotación política”.
En ese sentido, los autores de la propuesta señalan que esto se respalda en el hecho de que se les entregó amnistía “a los uniformados implicados en crímenes de lesa humanidad durante la dictadura militar impidiendo así, un juicio para los culpables o una reparación para las víctimas“.
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Además destacan el estatus de impunidad en el que quedó el dictador Augusto Pinochet, contrastándolo con el hecho de que hubo “persecución política y judicial contra los opositores al régimen, siendo estos los primeros presos políticos de la democracia en la década de los 90″.
Ante esto, el convencional UDI, Pablo Toloza, reaccionó asegurando que la Convención Constitucional “no se puede involucrar sobre materias que ya fueron parte de sentencias” ya establecidas.
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