Crédito: Agencia UNo

La ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt, acudió a la Comisión de Transportes de la Cámara Baja, donde se refirió a los problemas de locomoción ocurridos durante la segunda vuelta presidencial.

En la instancia, la secretaria de Estado desmintió que no hubiera buses en la Región Metropolitana y aseguró que no hubo una intención de boicotear el proceso electoral de su parte.

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Es impresentable hacer esa afirmación. Cuando uno tiene facultades sobre un sistema, es impensable usarlas para algo tan siniestro como sería recoger el sistema del transporte público para que la gente no vote. Es una crítica sin fundamento alguno”, recalcó.

Hutt sostuvo que se están revisando todos los antecedentes de ese día para esclarecer si las decisiones tomadas por las empresas encargadas del transporte -especialmente respecto a los tiempos de espera- afectaron a los electores. También se buscará determinar la aplicación de sanciones.

La ministra explicó que la preparación para el día del balotaje comenzó en octubre. Según detalló, a fines de noviembre comenzó la comunicación y el envío de oficios con las empresas concesionarias de la RM para que no existieran problemas en la oferta de transporte.

Hutt afirmó que el aumento de la participación ciudadana durante el día de la elección causó que, entre las 9:00 y 13:00 horas, se registrara un importante flujo vehicular. Esto habría generado una congestión que, a su vez, afectó la frecuencia del transporte público.

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El diputado Marcos Ilabaca (PS) sostuvo que “no hay mala intención de la ministra, pero sí negligencia y falta de proactividad”.

Por su parte, el parlamentario Leopoldo Pérez (RN) afirmó que “no me imagino a la ministra en un cuarto oscuro planificando un complot contra las elecciones”.

Tras estos comentarios, Hutt señaló que “hay que ver por qué el sistema de transporte falló y qué cosas pudieron hacerse mejor”.

Este miércoles, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago acogió a trámite una querella que se interpuso contra la secretaria de Estado y todos los que resulten responsables por el colapso del transporte.

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