El exgerente comercial de Primus Capital, Ignacio Amenábar, solicitó el levantamiento de la medida cautelar de arresto domiciliario total que pesa sobre su contra. Esto en el marco de la investigación en su contra por los presuntos delitos de uso de instrumentos mercantiles falsos, asociación ilícita y lavado de activos.
¿El motivo? Que la medida estaría afectando, de manera significativa, a su familia en materia económica.
Según detalló La Tercera, Amenábar está acusado, junto a su exjefe Francisco Coeymans, de orquestar un esquema fraudulento que perjudicó al factoring de propiedad de Raimundo Valenzuela, empresario de los sectores vitivinícola-financiero.
Tras cuatro meses de confinamiento, la defensa de Amenábar elevó una nueva solicitud a la Corte de Apelaciones buscando revertir la medida.
Según el escrito ingresado por el abogado Miguel Chaves, se afirma que “se argumentó que desde el 10 de mayo de 2024, a raíz del arresto domiciliario total, mi representado ha estado impedido de trabajar”.
“A pesar de tener un contrato como vendedor en una empresa de productos ópticos desde marzo de 2024, no ha podido desempeñar ese rol, lo que ha llevado a la ruina de su familia, compuesta por su cónyuge y cinco hijos, de los cuales él siempre ha sido el principal proveedor económico”, se sostuvo en el escrito al que accedió La Tercera.
Una de las consecuencias que tendría el arresto domiciliario total serían que Amenábar no ha podido cumplir con las mensualidades de los colegios y centros universitarios a los que van sus hijos.
“Este descalabro ha provocado el impago de obligaciones comerciales, dividendos y costos de salud. Por lo tanto, la medida cautelar ha perdido su propósito original de asegurar al imputado, convirtiéndose en un castigo desproporcionado para su familia”, cerró.
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