(EFE) – Un año después de la muerte de dos ballenas jorobadas en la Patagonia, la investigación no ha avanzado por la obstrucción de las empresas salmoneras y no se ha identificado a quienes fueron los responsables, denunció este jueves la división chilena de la organización internacional de defensa del medioambiente Greenpeace.
Una tragedia por la que Greenpeace y otros grupos ambientalistas locales y extranjeros señalaron a grandes compañías tras haber revisado las necropsias de los cetáceos.
“Estas ballenas viajaron miles de kilómetros buscando refugio y encontraron grandes amenazas, jaulas, embarcaciones y negligencia estatal. Un año después, las empresas salmoneras siguen sin encontrar toda la información y la Justicia aún no dio una respuesta”, señaló la encargada de Incidencia de Greenpeace Andino, Roxana Núñez.
Asimismo, desde la organización resaltan la falta de informes completos que se han solicitado a las grandes compañías al afirmar que las necropsias de los animales cuentan con lesiones compatibles con redes y cuerdas.
Greenpeace reclama que Chile tenga protocolos y peritajes a la altura de estos casos y recuerda que, desde 2023, una ley establece penas de hasta diez años de cárcel y grandes multas económicas por afectar a zonas protegidas. Desde la organización denuncian que no se está aplicando correctamente la legislación en este caso.
“Hoy existe una ley que castiga a quienes destruyen ecosistemas protegidos, pero la pregunta es si se aplicará cuando los responsables son grandes compañías. Sin embargo, la falta de acción y coordinación de las autoridades amenaza con convertir esta ley en una promesa, más que en una herramienta real de justicia para la naturaleza”, afirmó Roxana Núñez.
Tanto el Parque Nacional Laguna San Rafael como la Reserva Nacional Kawésqar, ambos en territorio chileno, son zonas protegidas a nivel medioambiental, por lo que argumentan que se podría aplicar esta ley.
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