En representación del Ministerio del Interior, el abogado Matías Moya interpuso la acción “contra quienes resulten responsables como autores, cómplices o encubridores, por los delitos consumados de obstrucción a la investigación y falsificación de instrumento público”.
Esto, luego de que la Justicia determinara sobreseer a los comuneros acusados de quema de maquinaria forestal y templos religiosos.
De esta forma, el Ejecutivo se hace parte de la investigación, lo que se suma a las críticas que ya habían formulado desde La Moneda hacia el Ministerio Público por el cierre de las indagatorias.
La medida del gobierno se suma a la querella ingresada el 15 de enero, ante las acusaciones de filtraciones desde la Fiscalía y la Agencia Nacional de Inteligencia hacia comuneros mapuches.
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