La ley también establece la modernización y digitalización del servicio, así como transparencia en las tarifas, fijando precios máximos mediante un procedimiento técnico a cargo de los Ministerios de Justicia, Hacienda y Economía.
Este martes, el Gobierno promulgó la reforma al sistema notarial, iniciativa que limitará el tiempo en ejercicio en el cargo, fijará tarifas máximas para trámites notariales, establecerá procesos de selección a través del Sistema de Alta Dirección Pública, incorporará fiscalización efectiva mediante el Sernac, entre otros aspectos.
La promulgación fue encabezada por el vicepresidente, Álvaro Elizalde, y los ministros de Justicia, Jaime Gajardo; de Hacienda, Nicolás Grau; de la Segpres, Macarena Lobos; de Economía, Álvaro García; y de Obras Públicas, Jessica López.
La iniciativa es parte de la agenda de modernización del Estado y fortalecimiento institucional y proporcionará estándares claros de transparencia.
Autoridades de Gobierno encabezan la ceremonia de promulgación de la ley que modifica el sistema registral y notarial en sus aspectos orgánicos y funcionales/Agencia Uno
Elizalde remarcó que la ley “permitirá contar con un sistema registral notarial más eficiente, transparente y al servicio de las necesidades de las personas. Por ello, no se trata únicamente de una reforma de carácter administrativo, sino de una medida con efectos directos en la vida cotidiana de las chilenas y chilenos”.
Mientras que el ministro de Justicia subrayó que “notarios, archiveros y conservadores serán designados después de un proceso de concursabilidad a través del sistema de Alta Dirección Pública, con el objeto de que estén ahí por sus méritos, por sus capacidades, por sus conocimientos y no por ninguna razón externa”.
La normativa dispondrá concursos públicos para los nombramientos de notarios, conservadores y archiveros. Esto será a través del Sistema de Alta Dirección Pública.
También pone fin a los cargos vitalicios, al establecer un límite de edad de 75 años para ejercer el cargo. Además de la prohibición para que familiares de determinadas autoridades puedan ser incluidos en nóminas de selección y/o nombramientos.
En cuanto a fiscalización, se incorpora al Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) como organismo con facultades para supervisar la calidad del servicio y permitir que las personas usuarias puedan dejar reclamos en sus plataformas sobre problemas de atención, servicios y cobros irregulares.
Por otro lado, existirá una modernización y digitalización del servicio. Se garantizará “acceso remoto y gratuito a los registros, sitios web informativos, canales de reclamos y mejoras en infraestructura”, detalló el Gobierno.
Junto con ello, habrá transparencia en tarifas, “fijando precios máximos mediante un procedimiento técnico a cargo de los Ministerios de Justicia y Derechos Humanos, Hacienda y Economía.
Mejora en la atención al público, con horarios obligatorios de funcionamiento y requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento tecnológico”.
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