Los objetivos de la iniciativa son "mejorar la arquitectura fiscal de los gobiernos regionales para entregarles más facultades presupuestarias y más mecanismos de control, para que los recursos se utilicen de manera más efectiva, eficiente y respondan a las urgencias territoriales".
El Ministerio de Hacienda informó que el Gobierno presentó indicaciones al proyecto de ley que dicta normas sobre financiamiento regional, descentralización fiscal y responsabilidad fiscal regional, más conocido como de ley que dicta normas sobre financiamiento regional, descentralización fiscal y responsabilidad fiscal regional, más conocido como “Regiones más fuertes”.
La iniciativa inició su tramitación en el Congreso en mayo 2023 y busca “mejorar la arquitectura fiscal de los gobiernos regionales para entregarles más facultades presupuestarias y más mecanismos de control, para que los recursos se utilicen de manera más efectiva, eficiente y respondan a las urgencias territoriales”.
Las indicaciones apuntan a actualizar medidas de control presupuestario para los gobiernos regionales. Por ejemplo, “mandatar la realización de auditorías externas anuales sobre la gestión presupuestaria y financiera de los gobiernos regionales, información que deberá incluirse en las cuentas públicas y actas de traspaso de gestión”.
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También se indica que cada Gobernación “deberá remitir una programación financiera de mediano plazo a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere); y se fija el plazo para la publicación de informes del estado de avance del ejercicio presupuestario”.
Junto con ello, se faculta al Consejo Regional (CORE) a realizar seguimiento de la ejecución del presupuesto regional, y se disminuye el monto desde el cual el CORE debe aprobar la asignación de recursos. Esto último “se traduce en que los proyectos de inversión, estudios preinversionales y diseños que den origen a dichos planes deberán ser revisados, pero se excluirá a las iniciativas de menos de 3.000 Unidades Tributarias Mensuales (UTM)”.
Adicionalmente, y con el fin de dar mayor agilidad a los gobiernos regionales, se modificará la normativa respecto al ciclo presupuestario.
En esa línea, “se propone consagrar en la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales (Ley Nº 19.175) un sistema similar al de las Empresas Públicas, con fuentes de financiamiento establecidas en la Ley de Presupuestos, en la Partida Tesoro Público. Una vez determinados los aportes, cada gobierno regional deberá elaborar su presupuesto, que será visado por el Ministerio de Hacienda“.
“Se explicita que los gobiernos regionales deberán someterse a las instrucciones, exigencias y orientaciones de la Dirección de Presupuestos (Dipres) para formular sus presupuestos y para la regulación y supervisión del gasto público, lo que no es excluyente con las atribuciones de la Contraloría General de la República”, señala la indicación del Ejecutivo.
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Y para incrementar la previsibilidad de los recursos anuales, será el presidente/a de la República quien tendrá que dictar un marco presupuestario a cuatro años para las Gobernaciones, “estableciendo plazos, procedimientos y requisitos de transparencia. Estos marcos presupuestarios deberán contener las fuentes de financiamiento, y ser consistentes con la política fiscal vigente y las estimaciones del Informe de Finanzas Públicas (IFP)”.
El Gobierno también propuso “homologar exigencias de flexibilidad a lo aprobado en la Ley de Presupuestos 2026, que señala que las modificaciones presupuestarias se aprobarán por resolución del gobernador regional, con acuerdo del CORE en caso de afectar recursos para inversión, y sin necesidad de revisión si se refieren al funcionamiento. Estas resoluciones estarán afectas a toma de razón y deberán ser informadas a Dipres“.
Entre las indicaciones también se planteó “suprimir la distinción entre programas de funcionamiento y de inversión, aunque los referidos a este último aspecto deberán ser identificados, tal como ocurre con los Ministerios y servicios públicos”.