La tarde de este miércoles, el gobierno dijo encontrarse analizando la posibilidad de pedir la inhabilitación del juez Luis Muñoz, luego de que ordenara la libertad de 23 miembros de una banda de narcotraficantes tras el pago de una fianza.
El Ministerio Público había pedido prisión preventiva para el grupo, compuesto por hombres y mujeres de nacionalidad chilena. Sin embargo, el Juzgado de Garantía de Ovalle no acogió la medida y los dejó libres luego de que pagaran $2 millones.
¿Qué dijo el gobierno?
La Ministra del Interior, Carolina Tohá, señaló que el Ejecutivo se hizo parte de la causa y ahora son intervinientes. “Nuestros equipos jurídicos están evaluando la posibilidad de solicitar al juez que se inhabilite en lo sucesivo en cuanto a esta causa”.
En esta línea, afirmó que los sujetos “debieron haber quedado en prisión preventiva desde el inicio”, ya que están acusados de estar en posesión de 1.600 kilos de marihuana procesada y de diversas armas, entre ellos revólveres, una escopeta y una subametralladora.
“Son personas que claramente tienen un involucramiento con delitos que son graves, y las armas son un indicador muy categórico de eso, se ejecutan de manera violenta (…). Por eso nuestra preocupación y opinión de que la decisión tomada tenía enormes riesgos”, agregó.
La ministra insistió en que estas personas debe volver a prisión preventiva, detallando que la Policía de Investigaciones (PDI) está “trabajando arduamente”. “Yo pediría en esto algún tiempo antes de evaluar porque ellos han preparado con un equipo amplio la manera en que actuarán”.
“El planteamiento del juez respecto de la prisión preventiva mostró una opinión que ya tiene en relación con la investigación que muestra que no le tiene mucha fe. Y a nosotros nos parece que es una investigación de delitos muy graves que tienen que ser perseguidos y sancionados”, cerró.
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