Una investigación conjunta de la Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado de la PDI de La Serena, en conjunto con la Fiscalía de Focos Investigativos, había permitido desarticular una estructura criminal dedicada a la producción, comercialización y tráfico de drogas.
La acción había permitido la detención de 23 integrantes de la banda y el decomiso de más de mil kilos de cannabis. La organización criminal, además, había extendido sus operaciones desde la provincia de Limarí (Coquimbo) a otras regiones del país.
Sin embargo, el Juzgado de Garantía de Ovalle no acogió la prisión preventiva que había sido solicitada por el Ministerio Público. Y, en cambio, se ordenó la libertad de los individuos luego del pago de una fianza de $2 millones por cada uno de ellos.
Los individuos liberados son hombres y mujeres mayores de edad y de nacionalidad chilena.
Reacción del Gobierno
La ministra del Interior, Carolina Tohá, manifestó su preocupación en torno a la situación, señalando que si bien la Fiscalía afirmó que apelará, “cada vez que hay estas decisiones, nosotros nos preocupamos, porque claramente estas personas son peligrosas”.
Asimismo, aseveró que la prisión preventiva “es para sacar a personas peligrosas de las calles, nos cuesta mucho entender decisiones de este tipo”.
De todos modos, recalcó que “nunca hemos querido intervenir en la justicia, jamás condicionaremos la autonomía de jueces, pero como Gobierno no somos indiferentes, tenemos una opinión”.
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