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Este viernes y tras 103 días de huelga de hambre, el machi Celestino Córdova pasará a realizar una huelga de hambre seca, entrando a un nivel de incertidumbre sobre su salud aún mayor.
La protesta del comunero mapuche, quien cumple condena por la muerte del matrimonio Luchsinger-Mackay, tiene por objetivo volver por un periodo de 6 meses a su rewe y así cumplir sus funciones como sanador físico y espiritual de la comunidad a la que pertenece.
Por su parte, el gobierno presentó una propuesta para que el machi Celestino pudiera dejar su reclusión y acudir al rewe en las mismas condiciones que lo hizo en 2018, cuando lo visitó durante 48 horas.
En dicha instancia fue el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, quien comentó que “el consejo técnico ha decidido autorizar esta solicitud fijando las condiciones en que podrían llevarse adelante”.
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Ahora, el machi Celestino no accedió al ofrecimiento del Ejecutivo, según informó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a través de un comunicado: “se le transmitió directamente la posibilidad de que, una vez hubiera depuesto su huelga de hambre y recuperado su salud, pudiera acudir a renovar su rehue, tal como lo pudo hacer en junio del año 2018. Sin embargo, el machi ha antepuesto a estos compromisos, su petición de modificar su sentencia, a fin de reemplazar su pena privativa de libertad por la de arresto domiciliario en su rehue por al menos 4 meses”.
Según el ministerio, dicha solicitud “excede la ley y las facultades” que posee el mismo, además de que esas intenciones también fueron descartadas por la Corte Suprema.
“Dado lo anterior, el machi ha comunicado su voluntad de iniciar huelga de hambre seca. Lamentamos profunda y sinceramente esta decisión, dado que tanto el gobierno como distintas organizaciones nacionales e internacionales vinculadas a los derechos humanos, hemos puesto todos los esfuerzos por acercar posiciones, comprender sus demandas, abrirnos a aquellas y comprometer acciones que fueren posibles, de modo de continuar hacia una plena integración de los estándares internacionales de derechos humanos de las personas privadas de libertad de los pueblos originarios”, concluye el comunicado.
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