Los contagios y muertes por la pandemia del COVID-19 siguen aumentado cada día en Chile y en el mundo. Aún así, y pese a las medidas sanitarias impuestas por la autoridad para contener la propagación del virus, existen empleadores que adulteraron su permiso para que sus empresas sigan funcionado.
“No nos va a temblar la mano”, acusó la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, tras una extensa jornada de fiscalización a empresas no esenciales que seguían funcionando debido a un cambio de giro.
Una de esas empresas fue Rollux, la que se dedica al rubro de las cortinas. Los trabajadores estaban obligados a cumplir funciones a toda costa en actividades no esenciales sin que el empleador velará por su salud.
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La subsecretaria Martorell fue clara: “Quiero decirle al dueño de esta empresa que está enfrentando una situación de investigación y probablemente pueda llegar a tener una sanción privativa de libertad hasta de tres años”.
En tanto, Iván Villanueva, jefe la Región Policial Metropolitana de Santiago de la Policía de Investigaciones (PDI) explicó que la empresa presentó “un permiso que no tiene nada que ver con la actividad en la cual fueron sorprendidos”.
Posteriormente, la Seremi de Salud, la subsecretaría de Prevención del Delito y la PDI llegaron a la fábrica de ropa Fashion’s Sparks. “Se ha levantado un sumario sanitario con prohibición de funcionamiento”, manifestó Martorell.
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En este caso, la empresa no operaba con un permiso adulterado, pero según las autoridades, una empresa que está en una comuna en cuarentena no puede abrir para vender ropa ya que no es un servicio esencial.
Desde ahora, el Servicio de Impuestos Internos (SII) estará en línea con los permisos únicos colectivos que se otorgan, percatándose de cada modificación.
El ministro de Salud, Enrique Paris, ratificó que como gobierno “estamos en contra de aquellas empresas que se disfrazan de empresas esenciales y que obtienen permisos inadecuados”. Asimismo, María José Zaldívar, ministra del Trabajo, expresó que fiscalizará junto a la subsecretaria de la Prevención del Delito.
Por lo demás, el fiscal nacional, Jorge Abbott, solicitó a la Fiscalía Regional Centro Norte, Oriente, Valparaíso y Antofagasta abrir investigaciones penales de oficio contra siete empresas que presuntamente solicitaron el permiso único colectivo usando falsamente el rubro esencial.
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