Este miércoles el Gobierno tomó distancia del proyecto de ley que pretende crear centros de internación de extranjeros a cargo de personal de la Policía de Investigaciones (PDI), impulsado por un sector del oficialismo.
La iniciativa, que ya empezó a ser discutida en la comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados, busca crear recintos no penitenciarios para albergar migrantes con orden de expulsión pendiente por no más de 60 días corridos.
Una de las promotoras de la normativa, Camila Musante (IND-PPD), explicó que no se involucrará gasto público, ya que no se contempla la construcción de infraestructura, sino más bien la utilización de espacios existentes, habilitados para funcionar como centros de internación.
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No obstante, el subsecretario del Interior, Luis Cordero, le quitó piso a la iniciativa, expresando que “es un tema ampliamente debatido. Uno de los grandes riesgos de los centros de internación es que puedan ser confundidos o utilizados como centros de privación de libertad“.
La oposición ya manifestó críticas a la idea, impulsada por la bancada PPD, Independientes y Demócratas, sobre todo en relación con el origen del financiamiento de los recintos.
Desde Republicanos, en voz de José Carlos Meza, valoraron que la izquierda manifieste preocupación por la problemática de la migración, pero expresaron que el mayor conflicto no radica en las personas expulsadas, sino que en el ingreso irregular al país por pasos fronterizos terrestres no habilitados.
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