El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, confirmó este lunes que la nueva cárcel de máxima seguridad anunciada por el presidente Gabriel Boric, en el marco de la crisis de seguridad, se ubicará al costado de la ex Penitenciaria, en la comuna de Santiago.
El anuncio de la construcción del recinto penal provocó molestia en distintas autoridades, sobre todo en la alcaldesa Irací Hassler, quien se opuso tajante a la instalación de la cárcel en Santiago.
El titular de Justicia informó que envió un oficio al Ministerio de Vivienda, que busca hacer efectivas las atribuciones de la Ley 21.636, vinculada a la ampliación de establecimientos penitenciarios.
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“El Ministerio de Justicia ha ejercido dicha atribución con el propósito de ampliar el penal Santiago 1 hacia los predios que se encuentran en la actualidad destinados a Gendarmería en la esquina de Club Hípico y adquiridos el 2011 con ese fin. En segundo lugar, al del Instituto de Desarrollo de Investigación del Ejército que está en esa zona”, afirmó.
En concreto, se trataría de cerca de 500 plazas extra que estarían disponibles con la ampliación del recinto.
Cordero añadió que dicha atribución otorgada por la normativa se hará efectiva “en al menos tres lugares adicionales distintos a la comuna de Santiago”. Las ubicaciones serán comunicadas oportunamente, indicó.
En torno a las razones del Gobierno para ubicar el nuevo penal en dicha zona, explicó que en esa zona se ha ido consolidando como un barrio judicial y penitenciario. A ello se suma que el desarrollo de nuevos centros penitenciarios en la actualidad “está tomando un tiempo muy significativo”.
Además, comentó que en Santiago 1 hay una sobrepoblación “muy significativa que ha llevado al Fisco de Chile a pagar más de $21 mil millones en sobreprecio. Lo recomendable es ampliar dicho establecimiento y, en esa ampliación, desarrollar el establecimiento de máxima seguridad al cual ha hecho referencia el presidente la semana pasada”.
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Asimismo, el ministro Cordero señaló que también se enviará un proyecto de ley separado que “permite una delegación legislativa de manera tal que exima algunos trámites adicionales para poder cumplir con el objetivo”.
Impacto en los vecinos
Consultado sobre el impacto que tendría para los vecinos y vecinas de la zona la ampliación del recinto, el titular de Justicia señaló que el desarrollo de establecimientos penitenciarios efectivamente produce impacto en las comunidades locales y que “todo lo que tenga que ver con medidas de mitigación y compensación es relevante”.
“La preocupación de los vecinos es legítima. La experiencia indica que aun cuando nosotros construyamos afuera de la ciudad, el hecho de que una cárcel traiga consigo servicios como electricidad o agua potable, supone además con posterioridad la ocupación del terreno en torno a su alrededor. Por lo tanto siempre hay impactos”, concluyó.
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