En un encuentro con los medios, Mario Rozas, general director de Carabineros, informó que de los 856 sumarios abiertos por la acción de uniformados en el contexto de las manifestaciones sociales, ya hay “certeza administrativa” en varios de estos casos y se adoptarán las medidas disciplinarias y sanciones respectivas.
“Algunos de las investigaciones que se están realizando se ha llegado a la certeza administrativa que hay responsabilidad de los carabineros involucrados y a contar de estas fechas, están en la formulación de cargos y se van a aplicar sanciones disciplinarias, que van desde la expulsión de la institución y, en otros casos, con anotaciones negativas, que va de un impacto en la permanencia en la institución y también en el periodo de calificación, y en forma paralela, indudablemente que esto continúa también por la arista penal, a través del Ministerio Público”.
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Asimismo, la autoridad indicó que su cargo está a disposición “de las autoridades administrativas, y si ellos estiman lo conveniente”, agregando que “somos obedientes, no deliberantes y soy el primero en acatar esa decisión”.
En detalle, Rozas se refirió a varios de los casos denunciados cuyas investigaciones están en fase de término como:
- El caso de dos estudiantes del Liceo 7 de Santiago que resultaron heridas tras disparos de uniformados al interior del establecimiento.
- La muerte de un manifestante en Maipú tras ser golpeado por funcionarios policiales.
- Los golpes que recibieron un grupo de personas en un cerro de Valparaíso tras un saqueo.
- El carabinero que usó a un menor como escudo humano.
- El uso de gas pimienta en Melipilla.
En la instancia, el general director reveló además que se instaurará una mesa de trabajo, a cargo del General Subdirector de Carabineros y el Director Nacional de Orden y Seguridad, como parte del proceso de modernización que sufrirá la institución desde esta semana.
Entre los detalles que compartió, está la eliminación de la Zona Santiago del Control del Orden Público, para crear dos Prefecturas de Control de Orden Público en las zonas este y oeste de la capital; la eliminación de Fuerzas Especiales como expresión, pasando a reparticiones de Control de Orden Público, que estarán a cargo de los jefes de zona; además de actualización de los protocolos de orden público y los manuales operativos.
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Asimismo, confirmó que se incorporarán nuevas armas no letales, vehículos más livianos y versátiles con un “estándar más amigable para el control del orden público”.
Rozas destacó que este proceso de actualización de los protocolos de actuación y vinculación con la comunidad se realizará “sobre la base de la sociedad civil, vamos a solicitar ayuda para que instituciones como el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la Defensoría de la Niñez y toda aquella institución de la sociedad civil nos pueden ayudar a actualizar nuestra tácticas y técnicas de control del orden público”.
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