Minvu presentará recursos de protección y demandas civiles por caso El Olivar: “No entregaremos viviendas parchadas”

Durante la tarde de este jueves, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) anunció que interpondrá recursos de protección y demandas civiles en contra de la constructora a cargo de la edificación de viviendas para los damnificados por incendios forestales en el sector El Olivar, en Viña del Mar.

A través de una declaración pública, la cartera informó sobre la toma de estas acciones judiciales: “El Ministerio de Vivienda y Urbanismo informa que ha decidido interponer recursos de protección y acciones civiles con el objetivo de restablecer el derecho vulnerado de cientos de familias damnificadas de El Olivar en Viña del Mar, que han sido víctimas de una reconstrucción fracasada y de una constructora que no cumplió con el deber de construir viviendas seguras”.

Según detalló el documento, las familias propietarias de dichas viviendas “manifestaron expresamente su decisión de poner término a los contratos con la Entidad Patrocinante Social Arquitectura y la constructora San Sebastián, empresas que desde marzo enfrentan querellas por parte del Ministerio”.

Desde el Minvu explicaron que dichas querellas apuntan a posibles ocho delitos: estafa agravada, uso malicioso de instrumento falso, fraude al fisco, coacción, amenazas, tráfico de influencias, cuasidelito de peligro por infracción a normas de seguridad estructural y obtención fraudulenta de prestaciones estatales, todo en relación con contratos por 709.143,09 UF de patrimonio fiscal.

En esa línea, precisaron que las familias decidieron rescindir los contratos y aceptar la propuesta del Serviu Valparaíso “tras informarse de las graves deficiencias estructurales y de los incumplimientos de la normativa sísmica y de resistencia al fuego” detectados por informes del propio ministerio y de la Universidad de Chile.

Añadieron que “hoy estas familias no pueden avanzar con el proceso de reconstrucción debido a las acciones judiciales interpuestas por la constructora y un grupo minoritario de vecinos. Esto afecta no solo a las 140 viviendas que contaban con diversos porcentajes de avance y autorización de demolición, sino que también perjudica a otras 187 donde aún no existe ningún trabajo de inicio de obras”.

Asimismo, desde la cartera reiteraron: “No entregaremos viviendas parchadas o falladas que pongan en riesgo la vida de las personas. Nuestro deber es proteger a las familias que quieren avanzar. No podemos permitir que un conflicto judicial termine perjudicando a quienes ya autorizaron la demolición de sus viviendas o a quienes ni siquiera han podido iniciar la construcción de sus casas”.

Por último, señalaron que “el Ministerio seguirá utilizando todas las herramientas legales y administrativas disponibles para proteger a las familias de El Olivar y garantizar que reciban viviendas nuevas, seguras y construidas con los estándares que corresponden”.