Este martes, el gobierno oficializó que recurrirá al Tribunal Constitucional (TC) por el proyecto del tercer retiro de fondos previsionales que está siendo discutido en el Congreso.
Luego de la decisión, se registraron distintos cacerolazos y manifestaciones en el país. En ese contexto también se desarrollaron los ataques a dos comisarías ubicadas en las comunas de Ñuñoa y Peñalolén, las cuales terminaron con seis personas detenidas por el delito de desórdenes públicos.
En ese sentido, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, cuestionó el propósito de las protestas y aseguró que “como autoridades estamos sujetos a expresiones de la ciudadanía, pero otra cosa completamente distinta es la barricada, el ataque a cuarteles policiales“.
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En entrevista con Radio Cooperativa, la autoridad sostuvo que “la condena debería ser transversal a la violencia”.
“Cuando el Gobierno tiene la opinión de que aquí se está transgrediendo la Constitución, su obligación es hacerla cumplir. Un juramento que hemos hecho todas las autoridades públicas es respetar la Constitución, y por eso mismo, ese respeto no puede estar sometido a una amenaza de violencia“, aseveró.
Galli dijo esperar que “haya una deliberación política en el Congreso, y jurídica en los tribunales que corresponden para que esto siga adelante en los conductos democráticos” y, en razón de que si “el debate democrático es llevado bajo una amenaza de que una cierta forma de resolución es llevadera a la violencia, no es un verdadero debate democrático“.
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