La Fundación ProCultura ha presentado tres querellas en contra de la Seremi de Vivienda de Antofagasta y el Gobierno Regional, argumentando que el término de convenios carece de sustento jurídico, según ha declarado la abogada de la organización, Susana Borzutzky.
Estas acciones legales están dirigidas hacia la Seremi y el Gore de Antofagasta por presunto delito de prevaricación administrativa, además de una denuncia por cohecho y eventual falsificación de firma.
Según se detalló, la primera querella se presentó contra Marietta Méndez Carvajal, en su calidad de Seremi de Vivienda y Urbanismo (subrogante) de la Región de Antofagasta, quien habría emitido las resoluciones exentas las cuales pusieron término anticipado a los convenios de transferencia para ejecución de proyectos de habitabilidad primaria en diferentes campamentos.
Borzutzky explica que estás resoluciones son constitutivas del delito de prevaricación administrativa, al ser manifiestamente contrarias a derecho: “Se pretende imputar un supuesto incumplimiento a los deberes de la fundación para efectos de justificar la decisión ilícita del Seremi”, enfatiza.
La segunda de las querellas apunta a Patricia Carolina Lanas Véliz, en su calidad de representante subrogante del Gobierno Regional de Antofagasta.
En esta querella se indica que “como es de público conocimiento, el destape del caso que involucra a la Fundación Democracia Viva, provocó que el programa se viera profundamente afectado por una cobertura mediática negativa“.
Por último, la fundación ProCultura presentó una denuncia criminal, por una eventual falsificación de firma.
“A través de la prensa, tomamos conocimiento de que Nicole Quispe, abogada del Serviu de Antofagasta, en el marco de la investigación por el denominado “Caso Convenios”, en su declaración ante la PDI aseguró que, durante su ausencia por una licencia médica, habrían utilizado su firma para autorizar transferencias de fondos a ProCultura”, explicaron.
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